La denuncia de Samuel Doria Medina sobre presuntos cobros para permitir la salida de avionetas con droga sigue provocando reacciones encontradas en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Mientras algunos legisladores consideran que el Gobierno debería investigar de oficio las acusaciones, otros sostienen que el propio líder político debe formalizar su denuncia y presentar pruebas ante las instancias correspondientes.
El debate se intensificó luego de que Doria Medina afirmara que una senadora le habría informado sobre pagos exigidos para facilitar la salida de aeronaves cargadas con droga desde el departamento de Beni. Sus declaraciones abrieron una nueva controversia en torno a la lucha contra el narcotráfico y a la respuesta que deben asumir las autoridades frente a este tipo de señalamientos.
Desde la alianza Unidad, la senadora Soledad Chapetón cuestionó con dureza al viceministro de Lucha Contra el Narcotráfico, Dorian Badani, por lo que consideró un intento de trasladar a ciudadanos y actores políticos la responsabilidad de investigar hechos que corresponden al Estado. A su criterio, cualquier persona tiene derecho a denunciar irregularidades y las autoridades deben actuar para esclarecer posibles vínculos entre el crimen organizado y las instituciones públicas.
Chapetón insistió en que, en lugar de exigir explicaciones al denunciante, el Gobierno debería concentrarse en investigar. También puso en duda que el responsable antidrogas desconozca los movimientos de las avionetas y la carga que transportan. En esa línea, anunció que inició gestiones para pedir información escrita sobre las denuncias recibidas y sobre las acciones que habría asumido esa cartera estatal.
En el otro extremo, la diputada Claudia Bilbao planteó que Doria Medina debe acudir a la Fiscalía y respaldar legalmente lo que ha dicho públicamente. Cuestionó que haya guardado silencio durante años y que ahora realice afirmaciones sin identificar a los presuntos involucrados. “Yo hoy día lo invito a que denuncie a la Fiscalía si él tiene pruebas”, manifestó, al remarcar que las acusaciones deben estar acompañadas de datos concretos para que puedan ser investigadas.
Bilbao también defendió la actuación del presidente Rodrigo Paz y aseguró que su Gobierno ha destapado asuntos vinculados al narcotráfico. Bajo esa premisa, pidió a Doria Medina dejar las declaraciones públicas y formalizar su denuncia ante las autoridades competentes.
La polémica surgió después de que el líder político asegurara que una senadora le habló de presuntos cobros para permitir la salida de avionetas con droga. Según su versión, en gobiernos anteriores se exigían 50.000 dólares por cada aeronave que transportaba alrededor de 500 kilos de cocaína, mientras que en la actual administración el monto habría subido a entre 70.000 y 80.000 dólares.
Doria Medina sostuvo además que puso esa información en conocimiento del presidente Rodrigo Paz, aunque evitó revelar públicamente la identidad de su fuente al tratarse, según explicó, de una conversación privada.
Frente a esos dichos, el viceministro Dorian Badani exigió que el político entregue al Ministerio Público los nombres y las pruebas que respalden sus afirmaciones. Consideró que se trata de señalamientos graves y advirtió que retener información puede afectar la lucha contra el narcotráfico. Por ahora, los presuntos cobros y la eventual participación de funcionarios permanecen como denuncias sujetas a verificación.
