Guatemala atraviesa un escenario de alerta alimentaria y climática que, de acuerdo con las autoridades, podría prolongarse hasta mayo de 2027 por la influencia de un “Superniño”. En ese contexto, la preocupación por el impacto de la sequía y la escasez de alimentos se intensifica en comunidades del corredor seco y en las periferias urbanas, donde la presidenta de la Comisión de Seguridad Alimentaria del Congreso pidió respuestas anticipadas para evitar un deterioro mayor de la situación.
La advertencia legislativa coincide con un panorama sanitario delicado. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social informó que, al 5 de septiembre, había registrado 194 sospechas de muertes asociadas a desnutrición aguda en lo que va del año. De ese total, 114 casos fueron descartados, 32 quedaron confirmados y 48 seguían bajo investigación, según la exposición realizada ante los diputados por el viceministro de Atención Primaria en Salud, Carlos Santa Cruz.
La cifra de 32 niños fallecidos por desnutrición aguda confirma la gravedad de un problema que continúa golpeando a los sectores más vulnerables del país. La situación se desarrolla en medio de condiciones climáticas adversas y de una creciente presión sobre las familias que dependen de cultivos afectados por la sequía o de ingresos precarios para acceder a alimentos básicos.
En el Congreso, la exigencia fue clara: anticiparse a los efectos del fenómeno climático y reforzar la respuesta institucional antes de que la falta de alimentos profundice la emergencia. El llamado apunta tanto a las comunidades rurales del corredor seco como a los asentamientos urbanos donde la inseguridad alimentaria también se ha hecho más visible.
La combinación de un evento climático de larga duración y los casos confirmados de desnutrición aguda mantiene bajo tensión a las autoridades guatemaltecas, que enfrentan el desafío de contener una crisis que ya dejó víctimas mortales y que, según las previsiones expuestas, podría seguir afectando al país durante los próximos meses.
