El tratamiento del Plan Operativo Anual (POA) 2027 de la Gobernación de Tarija sigue sin avanzar en la Asamblea Legislativa Departamental, en medio de cuestionamientos por la falta de sesiones plenarias y la cercanía del plazo previsto para que exista un pronunciamiento sobre el documento. El asambleísta de Camino al Cambio, Marco Gutiérrez, pidió que la directiva convoque de manera inmediata al pleno para que el presupuesto departamental sea incorporado al debate.
La demanda surge cuando el proyecto permanece en la Asamblea desde septiembre sin haber sido considerado por el conjunto de los legisladores. La Gobernación remitió el documento y, desde entonces, no se fijó una nueva fecha de tratamiento luego de que una sesión extraordinaria convocada para analizar la dispensación de trámite y el voto de urgencia fuera suspendida.
Gutiérrez cuestionó que el Legislativo continúe sin reuniones ordinarias mientras está pendiente un instrumento clave para definir actividades, programas e inversiones del próximo año. A su criterio, la prioridad debería ser instalar una sesión y permitir que el pleno revise el contenido del POA antes de cualquier decisión.
La controversia también está vinculada con el plazo establecido por el Estatuto Autonómico Departamental. Según la interpretación difundida por la Gobernación y otros actores institucionales, si transcurren 30 días sin pronunciamiento legislativo, el POA quedaría aprobado de manera automática. En ese marco, se precisó que el plazo se cumpliría el 9 de octubre y no el 30 de octubre, como se mencionó inicialmente en algunas versiones.
Esa diferencia de fechas volvió más urgente el reclamo del asambleísta, que advirtió sobre las consecuencias de no tratar el documento dentro del tiempo previsto. El POA 2027 contiene la programación económica de la Gobernación para la siguiente gestión y debe seguir luego los procedimientos correspondientes ante las instancias nacionales.
La demora ha generado preocupación porque varios programas y proyectos departamentales dependen de que la planificación sea aprobada para continuar con las siguientes etapas administrativas. De acuerdo con información oficial de la Gobernación, más de 40 sectores e instituciones del departamento solicitaron que el documento sea tratado. Entre ellos figuran organizaciones sociales, productivas e institucionales que esperan la definición de las partidas que les corresponden dentro de la programación departamental.
El presupuesto también abrió diferencias entre la Gobernación y la bancada que controla la directiva de la Asamblea. Mientras el Ejecutivo departamental insiste en la necesidad de acelerar el tratamiento, legisladores de Patria sostienen que debe presentarse documentación que respalde la socialización del proyecto con los sectores beneficiarios. La Gobernación, por su parte, afirma que ese requisito no está establecido como condición obligatoria para la aprobación del instrumento.
A la par de esa discusión, la falta de sesiones se convirtió en otro punto de conflicto. Este viernes se reportaron 24 días desde la última actividad plenaria regular, en medio de críticas de distintos legisladores por la ausencia de una convocatoria. Otros miembros de la Asamblea también pidieron que se active el procedimiento para que el POA pueda ser considerado por el pleno.
Para Gutiérrez, el debate no debería extenderse más, ya que el Legislativo tiene entre sus principales responsabilidades analizar y aprobar las normas e instrumentos que requieren decisión departamental. Su pedido apunta a que la directiva defina una fecha y permita que las distintas bancadas expongan sus observaciones antes de adoptar una determinación.
Así, el POA 2027 quedó en el centro de la agenda política departamental. Mientras la Gobernación sostiene que su aprobación es necesaria para asegurar la planificación de la próxima gestión, la Asamblea enfrenta cuestionamientos por la falta de sesiones y por el tiempo transcurrido desde la recepción del documento. La cercanía del plazo de 30 días aumenta la presión sobre el Legislativo, en un escenario en el que los sectores involucrados esperan que se retome el trabajo plenario y se defina el rumbo del presupuesto departamental.
