El reciente enfrentamiento entre el vicepresidente Edmand Lara y la Policía Boliviana ha intensificado las tensiones en el ámbito institucional del país. Lara, quien ha denunciado que la fuerza policial tenía conocimiento de un caso relacionado con maletas, ha provocado una respuesta contundente por parte del comandante general de la Policía, Mirko Sokol. Este último no solo descalificó las declaraciones del vicepresidente, sino que también recordó su historial dentro de la institución, subrayando que fue dado de baja tras haber atacado a la misma.
Sokol afirmó que el vicepresidente ha generado un profundo malestar entre los miembros de la Policía Boliviana. “No es que haya sido uno de los mejores servidores policiales”, enfatizó, aludiendo a las numerosas infracciones disciplinarias a las que Lara ha sido sometido a lo largo de su carrera. Según el comandante, el exmiembro de la Policía ha acumulado un récord de llamadas de atención, arrestos y procesos penales, culminando en su salida definitiva sin derecho a reincorporación.
Desde la Vicepresidencia, se emitió un comunicado en respuesta a las declaraciones de Sokol, donde se argumenta que los procesos administrativos en contra de Lara no han respetado las garantías del debido proceso. Esta defensa subraya una postura crítica hacia la gestión interna de la Policía y su tratamiento hacia los exintegrantes.
Sokol también hizo hincapié en que emitir agravios contra la institución es considerado una falta grave y gravísima bajo el Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana. En este sentido, acusó a Lara de ser “el enemigo número uno” de los policías y lo calificó como un “neófito” y “mitómano”, sugiriendo que su resentimiento personal está detrás de sus ataques.
Por otro lado, el Ministro de Gobierno también se pronunció sobre el tema, instando a Lara a ser convocado a una interpelación en relación con sus declaraciones sobre la lucha contra el narcotráfico. Este contexto evidencia no solo un conflicto personal entre Lara y Sokol, sino también una confrontación más amplia entre diferentes sectores del gobierno y las instituciones encargadas de velar por la seguridad pública en Bolivia.
