El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, denunció este jueves 15 de octubre de 2026 que mafias extranjeras vinculadas con asesinatos, asaltos y narcotráfico estarían operando en Bolivia bajo la aparente protección del exfiscal general del Estado, Roger Mariaca.
La acusación fue planteada en una conferencia de prensa en la que Oviedo puso el foco en la situación de inseguridad que atraviesa Santa Cruz, un departamento donde en las últimas semanas se han registrado hechos delictivos asociados a bandas criminales internacionales. Según explicó, estas organizaciones estarían integradas por ciudadanos bolivianos, colombianos y brasileños, y habrían actuado con la impunidad que, a su juicio, les otorgaban anteriores autoridades.
“Han estado operando, estructurándose, viniendo del exterior en muchos casos con la impunidad que otorgaban anteriores autoridades de gobiernos pasados y, obviamente, protegidas por estructuras como la Fiscalía General del Estado. Nada está desconectado en la desestructuración de estas organizaciones criminales”, afirmó el ministro.
Oviedo sostuvo que los operativos policiales realizados en las últimas dos semanas permitieron esclarecer siete hechos delictivos, entre ellos el asalto a la joyería Imperio y otros casos en los que, según dijo, participaron grupos de distintas nacionalidades. En ese marco, informó sobre la recuperación de más de 500.000 dólares, medio kilo de oro, joyas, cinco vehículos y 13 motocicletas que habrían sido utilizadas en atracos y hechos de sicariato.
El ministro insistió además en la necesidad de restaurar la institucionalidad y la seguridad pública en el país, con especial atención en Santa Cruz, donde la violencia vinculada al narcotráfico, los sicariatos y los asaltos a mano armada ha generado preocupación. A su criterio, la información presentada refleja una línea de trabajo del Gobierno orientada a dar a conocer los resultados de las investigaciones criminales una vez concluidas y respaldadas por evidencias.
Con esta denuncia, Oviedo abrió un frente de alto impacto político al vincular la actuación de estas mafias con supuestas estructuras de protección estatal, un señalamiento que apunta tanto al debate sobre la seguridad pública como a la confianza en las instituciones encargadas de la persecución penal.
