El Banco Central de Bolivia (BCB) ha confirmado que no se otorgarán nuevos créditos de liquidez al gobierno durante el presente año, una decisión que responde a la planificación financiera establecida y a la actual disponibilidad presupuestaria del Tesoro General de la Nación (TGN). Esta aclaración surge después de que en los primeros meses de la gestión se autorizaran dos operaciones crediticias que sumaron un monto superior a los 47.000 millones de bolivianos, una cifra significativa en el contexto financiero nacional.
El presidente del BCB, David Espinoza, explicó detalladamente en un informe presentado ante la Cámara de Senadores que el programa monetario aprobado para este año excluye nuevas operaciones de crédito destinadas a proveer liquidez al Ejecutivo. Esto marca un cambio importante respecto a prácticas anteriores, en las cuales el Tesoro utilizaba con frecuencia este tipo de financiamiento para cubrir sus necesidades inmediatas. Según Espinoza, esa etapa ha quedado atrás y actualmente las finanzas públicas cuentan con una mayor solvencia y capacidad para cumplir con sus obligaciones sin recurrir a créditos adicionales del Banco Central.
Los antecedentes recientes muestran que el 26 de noviembre se aprobó un crédito extraordinario por 16.000 millones de bolivianos con una tasa de interés cercana al 10% y un plazo establecido en un año. Esta operación fue realizada en un momento crítico, cuando las finanzas públicas tenían muy poca holgura, disponiendo apenas de 148 millones para afrontar compromisos del Ejecutivo. Sin embargo, esta situación se estabilizó posteriormente con la autorización de otro crédito extraordinario mucho más significativo, por más de 31.800 millones, concedido el 27 de enero del siguiente año. Este crédito posee una tasa más baja y un plazo extendido a 35 años, lo que refleja una estrategia financiera distinta y más sostenible en el tiempo.
Una aclaración importante fue aportada por Claudia Pacheco, directora del BCB, quien puntualizó que esta segunda operación no constituye un nuevo crédito sino un refinanciamiento de créditos previamente otorgados durante 2025. En consecuencia, esta maniobra no incrementó las disponibilidades financieras del Tesoro ni generó mayor emisión monetaria, aspectos cruciales para mantener la estabilidad económica y controlar la inflación.
Espinoza también destacó que cada crédito responde a marcos legales diferentes: uno fue aprobado como crédito de liquidez para atender necesidades inmediatas y el otro está facultado por disposiciones específicas dentro de la ley del Presupuesto General del Estado. Ambas operaciones están debidamente documentadas y su información es accesible públicamente a través del sitio web oficial del Banco Central.
Este escenario evidencia una estrategia financiera más prudente y transparente por parte del Gobierno y el Banco Central. La eliminación gradual del uso indiscriminado de créditos para financiar gastos públicos refleja también un compromiso hacia una gestión fiscal responsable. Al disponer hoy día el Tesoro con recursos suficientes para cumplir sus compromisos sin depender exclusivamente del Banco Central como fuente inmediata de liquidez, se busca fortalecer la confianza en las políticas económicas nacionales.
Por último, este cambio tiene implicaciones directas para la población y los mercados financieros internos, ya que contribuye a disminuir presiones inflacionarias derivadas del financiamiento monetario excesivo y mejora la percepción sobre la estabilidad macroeconómica del país. La planificación financiera contenida en el programa monetario vigente garantiza además mayor previsibilidad y orden en las finanzas públicas durante el año en curso.
En resumen, aunque en meses recientes se aprobaron importantes operaciones crediticias destinadas a reestructurar pasivos y proveer liquidez temporal al Ejecutivo, estas acciones forman parte de una gestión controlada y no representan nuevas emisiones o aumentos significativos en el endeudamiento estatal. El compromiso declarado por las autoridades es mantener esta disciplina fiscal para asegurar condiciones económicas favorables tanto para el Estado como para los ciudadanos
