El Gobierno boliviano prevé aplicar un ajuste fiscal gradual en coordinación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con el objetivo de reducir el gasto de las cuentas públicas y encaminar el déficit fiscal hacia el 3,8% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2028. La estrategia forma parte de un programa de 36 meses y se apoya en tres ejes principales: el retiro progresivo de la subvención a los combustibles, una contención del gasto salarial del sector público y una reducción o postergación de proyectos de inversión pública considerados de menor prioridad.
Según explicó el ministro de Economía, Christian Morales, el compromiso asumido en el marco del acuerdo busca dar mayor margen de maniobra a las finanzas estatales. “En el marco del programa (con el FMI), que es un programa de 36 meses, lo que se acuerda es llegar a 2028 con un déficit fiscal de 3,8, que es un déficit que te permite tener mayor movilidad respecto a tus finanzas públicas”, señaló.
La medida que tendría un impacto más visible sobre la población es la eliminación de la subvención a los combustibles. El Gobierno plantea que el Presupuesto General del Estado (PGE) de 2027 ya no incluya recursos del Tesoro ni de las empresas estatales para cubrir ese costo. Con ello, los precios de los combustibles deberían acercarse más a sus costos reales, lo que podría repercutir en el transporte y, a partir de allí, en otros bienes y servicios.
Para amortiguar ese efecto sobre los hogares con menores ingresos, el Ejecutivo prevé reforzar programas de protección social dirigidos especialmente a la población más vulnerable.
Otro de los frentes del ajuste estará en la masa salarial del sector público. El plan contempla limitar nuevas contrataciones y mantener el crecimiento del gasto en sueldos por debajo del incremento del PIB nominal durante los próximos años. El Memorando de Políticas Económicas y Financieras presentado por Bolivia al FMI sostiene que esta estrategia permitiría reducir la masa salarial en más de un 1% del PIB a lo largo del programa, además de disminuir la brecha de remuneración entre el sector público y el privado y revertir parcialmente el aumento del 4% del PIB registrado durante la gestión anterior.
La inversión pública también será objeto de recortes y reordenamiento. El Gobierno plantea diferir o cancelar proyectos de baja prioridad y fijar límites obligatorios al gasto mediante una resolución ministerial que deberá emitirse antes de que concluya septiembre. La intención es orientar los recursos hacia iniciativas con mayor impacto económico y social, especialmente en infraestructura pública y en el sector energético.
En paralelo, el Ejecutivo prevé una Evaluación de Gestión de la Inversión Pública con apoyo del FMI, orientada a identificar medidas que mejoren la planificación, la ejecución y la eficiencia del uso de los recursos destinados a obras públicas.
El programa acordado también incluye cambios en la manera en que el Estado interviene en la economía. En ese marco, el Gobierno se compromete a eliminar de forma progresiva los controles generalizados de precios y los límites a las exportaciones.
