“En la Procuraduría somos los abogados del Estado”. Con esa frase, Hugo César León La Faye sintetizó el rol que cumple la institución que encabeza desde el 25 de noviembre de 2025, durante una entrevista concedida a EL DEBER en sus oficinas centrales de El Alto, donde también se refirió a los arbitrajes internacionales que enfrenta Bolivia.
El Procurador General del Estado explicó que, en la actualidad, el país afronta cuatro arbitrajes de inversión y entre cuatro y cinco arbitrajes comerciales. Según detalló, los primeros surgen cuando una persona natural o jurídica realiza una inversión y aparece una controversia vinculada con ella, mientras que los segundos se originan por conflictos relacionados con el cumplimiento de obligaciones contractuales.
León La Faye evitó profundizar en la situación procesal de cada caso y sostuvo que no podía adelantar información que forme parte de la estrategia de defensa del Estado. Sin embargo, identificó como los procesos más relevantes a Glencore Finance, BBVA y Zurich, vinculada con Futuro de Bolivia AFP, al tratarse de montos importantes y de expedientes que se encuentran en distintas etapas.
En ese grupo, BBVA y Glencore ya cuentan con laudos adversos. En el caso de BBVA, el fallo emitido en 2022 ordenó a Bolivia pagar 94,8 millones de dólares más intereses, y este año la Procuraduría informó que se agotaron las instancias de impugnación. Glencore, por su parte, obtuvo en 2023 un laudo por 253,6 millones de dólares. Zurich sigue con un arbitraje pendiente relacionado con Futuro de Bolivia AFP, con una reclamación pública de alrededor de 129,1 millones de dólares.
A partir de esa diferencia procesal, el Procurador precisó que la negociación post-laudo corresponde a los casos en los que ya existe una decisión arbitral. En ese marco, señaló que, pese a un fallo adverso, el Estado todavía puede abrir conversaciones para definir las condiciones de cumplimiento, siempre que exista voluntad de las partes.
Consultado sobre el alcance de esa fase de negociación, León La Faye indicó que, aun cuando el laudo obliga al Estado al pago de determinados montos, todavía es posible acordar la forma en que se cumplirá la decisión. Añadió que, en el caso BBVA, ya se encuentran en plena negociación y que se abrieron mesas de diálogo para analizar de qué manera puede resolverse el cumplimiento del laudo.
El Procurador también explicó que prefiere mantener en reserva los detalles de esas conversaciones, debido a que existen aspectos sometidos a confidencialidad dentro de los arbitrajes. Al mismo tiempo, afirmó que las empresas involucradas han buscado acercamientos con el Estado y que la Procuraduría abrió espacios de negociación “de la manera más abierta y transparente posible”.
Sobre el origen de estos procesos, León La Faye señaló que provienen de gestiones anteriores. Indicó que algunos arbitrajes comenzaron durante el gobierno de Evo Morales y continuaron después, por lo que ahora la Procuraduría evalúa cada caso para encontrar la mejor salida posible para el Estado.
En la entrevista también fue consultado sobre el argumento de que Bolivia no debería someterse a arbitrajes internacionales porque la Constitución no admitiría ese tipo de mecanismos. Frente a ello, respondió que no se trata de una decisión unilateral del Gobierno, sino de obligaciones internacionales asumidas por el país mediante tratados y contratos que establecen mecanismos de resolución de controversias. En esos casos, dijo, el Estado debe ejercer su defensa ante los tribunales correspondientes.
A propósito de la jerarquía normativa, recordó que el artículo 410 de la Constitución Política del Estado establece que la CPE es la norma suprema y ubica a los tratados internacionales por debajo de ella. En ese sentido, sostuvo que no corresponde considerar de manera general a los tratados de inversión como normas supraconstitucionales.
Respecto a la posibilidad de nuevas demandas en la actual gestión, afirmó que no tienen conocimiento de ninguna nueva pretensión arbitral abierta en los últimos 10 meses. Según dijo, el trabajo de la Procuraduría se concentra en atender demandas heredadas de administraciones anteriores y en buscar salidas que reduzcan el impacto para el Estado cuando aún exista margen de negociación.
Finalmente, al explicar la función de la Procuraduría General del Estado, León La Faye reiteró que su misión es defender legalmente los intereses y el patrimonio estatal. Señaló que la institución tiene autonomía constitucional y que interviene cuando una situación involucra a un ministerio, una empresa
