El Gobierno nacional y representantes de productores de Yapacaní, en Santa Cruz, y del Beni acordaron destinar más de 800 millones de bolivianos en créditos para el sector productivo, en el marco de las medidas asumidas ante el incremento del precio del diésel. Luego del entendimiento, dirigentes de productores medianos y pequeños anunciaron la suspensión de los bloqueos que habían impulsado como medida de presión.
El viceministro de Desarrollo Productivo, Karel Rivero, explicó que el acuerdo apunta a responder al impacto que el alza de los carburantes está generando en las actividades productivas. Según indicó, se trata de una inyección cercana a los 800 millones de bolivianos para distintas áreas y rubros, cuyos detalles serán socializados en próximas reuniones.
Rivero informó además que se instalarán mesas técnicas para definir el alcance de las medidas y precisó que se analiza la posibilidad de aplicar arancel cero para productos agropecuarios, además de facilitar el acceso a créditos con garantías no convencionales. En esa línea, sostuvo que el trabajo será desarrollado “en tiempo y detalle” para que las medidas beneficien al sector.
Desde el lado de los productores, el representante de Yapacaní remarcó que la necesidad inmediata es contar con recursos que permitan enfrentar el aumento del costo del diésel sin que ello afecte el desarrollo de sus labores. Señaló que requieren créditos en condiciones flexibles, con requisitos menos estrictos, un período de gracia y una modalidad viable de pago.
Los productores consideran que ese financiamiento les permitirá sostener sus actividades pese al encarecimiento del combustible, uno de los principales factores que, según su criterio, golpea al sector.
En el Beni, el presidente de la Asociación de la provincia Marbán, Saúl Ribero, confirmó que los productores optaron por el diálogo y que no continuarán con las medidas de presión. Afirmó que la salida al conflicto pasa por el consenso y no por los bloqueos, que —según dijo— también terminan perjudicando a la población y a los propios sectores movilizados.
Ribero explicó que inicialmente pedían recursos para acceder a combustible y valoró el compromiso asumido por el Gobierno nacional. Señaló que con los 800 millones comprometidos y la llegada de gerentes a la ciudad de Trinidad, los productores podrán avanzar en una solución, por lo que ya no ven motivos para mantener las protestas.
