La bancada de Camino al Cambio en la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija reactivó las gestiones para impulsar una ley que habilite la convocatoria a un referéndum departamental sobre la reducción del número de asambleístas, de 30 a 17. La propuesta, presentada por su jefe de bancada, Marco Gutiérrez, vuelve a poner en debate el tamaño del órgano legislativo y el costo de su funcionamiento en medio de la crisis económica que atraviesa el departamento.
La iniciativa apunta a que sea la población la que defina, mediante consulta, si corresponde modificar la actual composición de la Asamblea. Para que ese proceso avance, primero deberá ser tratado por la propia Asamblea Departamental y luego cumplir con los procedimientos legales y electorales que exige el marco autonómico, ya que cualquier cambio en la representación política debe ajustarse a las normas que regulan los referéndums.
Gutiérrez sostuvo que la reducción debe asumirse como una prioridad frente a la situación financiera del departamento. El planteamiento se apoya en la necesidad de disminuir el gasto institucional y adecuar la estructura legislativa a un contexto de menores ingresos, restricciones presupuestarias y obligaciones acumuladas.
El debate no es nuevo. En gestiones anteriores ya se habían planteado iniciativas similares, siempre bajo el argumento de que los recursos destinados al funcionamiento legislativo podrían orientarse a áreas consideradas más urgentes, como salud, educación, caminos, servicios básicos y proyectos productivos.
La composición actual de la Asamblea responde a criterios de representación territorial y poblacional, además de la participación de pueblos indígena originario campesinos. Por esa razón, cualquier modificación deberá tomar en cuenta la distribución de escaños y evitar que una eventual reducción afecte la representación de las provincias o de los sectores reconocidos por la normativa autonómica.
La propuesta también reabre la discusión sobre el costo de la estructura política departamental. El funcionamiento de la Asamblea implica recursos destinados a dietas, personal técnico y administrativo, oficinas, fiscalización, sesiones, comisiones y actividades de representación. Sin embargo, el ahorro que podría generarse dependerá de cómo se aplique la reforma y de si esta alcanza únicamente a los legisladores o también a otros componentes administrativos.
En paralelo, la crisis económica se refleja en la caída de ingresos y en las dificultades para sostener programas y proyectos. La Gobernación arrastra compromisos heredados, obligaciones con empresas y entidades públicas, y limitaciones para mantener inversiones en infraestructura y servicios. En ese escenario, distintas autoridades han planteado en varias oportunidades la necesidad de revisar gastos y priorizar recursos.
Antes de llegar a las urnas, la propuesta deberá superar varias etapas. La Asamblea tendrá que revisar el contenido de la norma, definir el alcance de la consulta y verificar que la pregunta sea clara y no contradiga la Constitución ni el Estatuto Autonómico. Después, el Tribunal Electoral deberá evaluar la convocatoria y organizar el proceso, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.
Otro punto que deberá resolverse es la distribución de los 17 escaños en caso de que la población apruebe la reducción. Ese aspecto podría abrir un nuevo debate entre provincias, municipios y organizaciones sociales, debido a que una menor cantidad de representantes obligaría a modificar la actual fórmula de asignación.
Quienes impulsan la iniciativa consideran que una Asamblea más pequeña permitiría bajar costos y agilizar el trabajo legislativo. En cambio, sus críticos podrían advertir que la reducción concentraría la toma de decisiones y disminuiría la presencia directa de las provincias en el órgano departamental.
La discusión se da además en un contexto de cuestionamientos sobre la capacidad de la Asamblea para fiscalizar la gestión de la Gobernación y aprobar leyes con impacto regional. La reducción numérica no resolvería por sí sola problemas de eficiencia, transparencia o coordinación institucional, aunque podría formar parte de una reforma más amplia del sistema autonómico departamental.
Para que el referéndum tenga viabilidad, la propuesta necesitará respaldo político suficiente dentro de la Asamblea. Camino al Cambio deberá buscar acuerdos con otras bancadas, ya que la aprobación de la ley requerirá una mayoría conforme a las reglas internas y al tipo de norma que se pretenda aprobar.
La iniciativa también podría enfrentar observaciones jurídicas, debido a que la representación política departamental está vinculada a criterios constitucionales, electorales y autonómicos. Por ello, la reducción no puede limitarse a una decisión administrativa y deberá garantizar la participación de todos los sectores, además de preservar los derechos de representación territorial e indígena.
El planteamiento surge en un momento en que la población demanda una administración pública más austera y resultados concretos. La falta de recursos ha obligado a revisar proyectos, postergar obras
