La Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) llevó a la Asamblea Legislativa un proyecto de reforma parcial de la Constitución con el propósito de “recuperar” las autonomías, que —según sus impulsores— quedaron debilitadas por un proceso de “recentralización” aplicado desde 2009.
La iniciativa fue presentada ayer en la Cámara de Senadores por el rector Reinerio Vargas y el asesor legal José Luis Santistevan. El texto plantea modificar los artículos 298, 299, 300 y 302 para redefinir la distribución de competencias privativas, exclusivas, compartidas y concurrentes entre el nivel central y las entidades territoriales autónomas. Vargas sostuvo que se trata de una propuesta pensada para todo el país y orientada a devolver a las regiones atribuciones que hoy, en gran medida, dependen de las autoridades nacionales.
Santistevan explicó que el esquema vigente concentró 83 competencias en el nivel central, mientras que las gobernaciones quedaron con 36 y los municipios con 43. A su juicio, esa distribución ha reducido la capacidad de incidencia de los gobernadores en áreas como salud, educación o seguridad ciudadana, pese a tratarse de autoridades elegidas por voto en sus regiones.
El proyecto busca modificar ese equilibrio. Entre sus planteamientos, propone que las gobernaciones asuman la rectoría de salud y administren el tercer nivel; que puedan conformar una Guardia Departamental para colaborar en seguridad ciudadana; y que el gobernador sea la primera autoridad política encargada de ejecutar esos planes. En el caso de los municipios, el texto les asigna la salud de primer y segundo nivel, en coordinación con la gobernación y el Gobierno.
Santistevan afirmó que la propuesta pretende retomar “el espíritu del 2006 de las autonomías y del 2008”. Según su explicación, el proceso autonómico nació de la voluntad popular expresada en esos referéndums, pero luego quedó restringido por la distribución competencial y por la normativa aprobada posteriormente. El borrador incorpora además la figura de “autonomías con régimen especial competencial”.
Para hacer viable el cambio, la propuesta que llegó desde Santa Cruz plantea activar un referéndum de alcance nacional, aunque con efectos diferenciados. En los territorios donde triunfe el Sí se aplicaría la nueva distribución de competencias; en los que gane el No, se mantendría el régimen actual. La pregunta proyectada apunta a una mayor descentralización política, administrativa y fiscal, acompañada de recursos suficientes para ejercer las responsabilidades asumidas. Es decir, no se trata solo de transferir funciones, sino también de asegurar el financiamiento necesario.
El borrador prevé que el referéndum se realice en 2027, aunque sin fecha definida. Después de esa consulta, los departamentos que aprueben el nuevo régimen deberán adecuar sus estatutos autonómicos y someterlos al control constitucional. Vargas insistió en que la reforma no busca afectar la unidad del país, sino acercar las decisiones al nivel más próximo a la ciudadanía. “Estamos pensando en Bolivia”, afirmó.
La propuesta se inserta además en un debate más amplio sobre la profundización de las autonomías e incluso la posibilidad de avanzar hacia el federalismo a partir del modelo 50/50. Para la Uagrm, el paso previo es recuperar la autonomía que el país empezó a construir en las urnas hace dos décadas, con mayor poder político y administrativo para las regiones y con los recursos necesarios para ejercerlo.
