Jorge Tuto Quiroga advirtió este lunes que una eventual ampliación por otros 90 días del estado de excepción en Bolivia retrasaría la reforma parcial de la Constitución, una iniciativa que, según sostuvo, busca abrir el camino para atraer inversión extranjera al país.
El expresidente boliviano, que gobernó entre 2001 y 2002 y encabeza la principal fuerza de oposición parlamentaria, declaró a medios en Cochabamba, en el centro del país, que sin cambios en la Carta Magna no será posible avanzar en temas como la autonomía regional, la digitalización y la reforma judicial. Además, afirmó que tampoco llegará la inversión externa necesaria para impulsar el cambio energético.
A comienzos de septiembre, las fuerzas políticas representadas en el Legislativo, incluida la alianza Libre de Quiroga, alcanzaron un acuerdo para impulsar una reforma parcial de la Constitución vigente desde 2009. Ese proceso debe pasar primero por la Cámara de Diputados y el Senado, antes de que pueda convocarse a un referéndum.
La propia Constitución boliviana establece que no puede modificarse su contenido mientras esté en vigor un estado de excepción, un punto que Quiroga utilizó para cuestionar la intención de prolongar la medida. Según dijo, “no se ha visto” la aplicación del estado de excepción actualmente vigente y la prórroga no representa, a su juicio, una garantía para preservar la “tranquilidad social”.
En ese contexto, el exmandatario planteó que el Gobierno del presidente Rodrigo Paz debe “rendir cuentas” ante el Parlamento sobre cómo se ha aplicado la medida y explicar por qué pretende extender una disposición que, en su criterio, no ha demostrado eficacia.
Las declaraciones de Quiroga se produjeron después de que el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, anunciara en la víspera que el Ejecutivo enviará al Legislativo un decreto supremo para ampliar el estado de excepción. A ello se suma la resolución aprobada hace unos días por la Comisión de Constitución y Justicia Plural de la Cámara de Diputados, que también respaldó extender la medida por otros 90 días. Esa propuesta deberá ser debatida primero en la Cámara Baja y luego en el pleno del Legislativo.
Desde el oficialismo, los legisladores que apoyan la ampliación sostienen que la medida responde a la necesidad de favorecer la recuperación económica del país frente a los anuncios de movilizaciones de algunas organizaciones sociales.
El debate se da tras semanas de tensión social. Entre mayo y junio, durante siete semanas, la Federación de Campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana impulsaron bloqueos de carreteras, principalmente en el occidente y el centro de Bolivia, con apoyo también de grupos afines al expresidente Evo Morales, para exigir la renuncia de Paz.
Esos conflictos provocaron desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en algunas ciudades, dejaron al menos 16 fallecidos —13 de ellos por falta de atención médica oportuna debido a los bloqueos— y causaron pérdidas económicas superiores a los 3.000 millones de dólares.
Tras alcanzar acuerdos con sectores como la COB, Paz decretó el pasado 20 de junio el estado de excepción para levantar los bloqueos. La medida tiene una vigencia de 90 días.
