La presidenta temporal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rosmery Ruiz, dejó abierta la posibilidad de que Carlos Ortega asuma antes de lo previsto la presidencia de esa instancia, en caso de que Rómer Saucedo no retorne al país dentro del plazo fijado por la normativa vigente. La autoridad explicó que, mientras transcurre el término legal para verificar un eventual abandono injustificado de funciones, aún no existe una definición sobre ese escenario, aunque la opción de adelantar la posesión no está descartada.
Ruiz sostuvo que intentó comunicarse en varias ocasiones con su antecesor, sin obtener respuesta. Según relató, realizó llamadas entre el fin de semana y el martes, antes de que Saucedo anunciara públicamente que salió de Bolivia y se declaró en el exilio. “Lo he llamado varias veces, pero no me contestó”, afirmó la magistrada al referirse a esos intentos de contacto.
La autoridad judicial precisó que actualmente corre el plazo de seis días hábiles continuos establecido en el artículo 5 de la Ley 371, conocida como Ley de Residencia, para determinar si hubo o no abandono injustificado del cargo. Una vez cumplido ese periodo, explicó, la Sala Plena deberá analizar qué medidas corresponden.
Consultada sobre la eventual asunción anticipada de Ortega, Ruiz respondió que esa posibilidad existe, aunque insistió en que todavía no hay una decisión tomada. También aclaró que la elección de Ortega para la gestión 2027 sigue vigente.
En relación con la investigación penal abierta contra Saucedo, la presidenta temporal del TSJ hizo una distinción entre ese proceso y un eventual caso por abandono de funciones. Señaló que los delitos que habrían sido cometidos antes de que asumiera como magistrado, o aquellos que no tengan relación con el ejercicio del cargo, deben ser conocidos por la justicia ordinaria. En cambio, si los hechos investigados están vinculados a sus funciones jurisdiccionales, correspondería un juicio de responsabilidades.
Ruiz evitó pronunciarse sobre el fondo de las denuncias y remarcó que no cuenta con información suficiente sobre los hechos investigados. “No conocemos los hechos. Entonces, mal podría yo dar una información fidedigna”, dijo al ser consultada sobre las actuaciones del Ministerio Público. Añadió además que, si se configura un abandono de funciones, el proceso correspondiente deberá ser tratado por la Asamblea Legislativa.
