Se cumplen siete años de la renuncia de Evo Morales, una de las jornadas más decisivas y controversiales de la política boliviana reciente. El 10 de noviembre de 2019 concluyó el ciclo de casi 14 años en el poder del entonces presidente, en un contexto marcado por denuncias de fraude electoral, protestas callejeras, un motín policial y una sucesión atravesada por las renuncias de la cúpula del Legislativo.
El proceso que desembocó en su salida no empezó ese día. El antecedente más temprano fue el referéndum del 21 de febrero de 2016, cuando el 51,3% de los votantes rechazó la reforma constitucional que habría permitido una nueva postulación de Morales. A pesar de ese resultado, en noviembre de 2017 el Tribunal Constitucional Plurinacional habilitó la reelección indefinida al amparo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, una decisión que abrió un nuevo capítulo de tensión política.
La disputa se intensificó el 20 de octubre de 2019, cuando Morales compitió nuevamente por la presidencia frente a Carlos Mesa. La interrupción de la transmisión de resultados preliminares y la posterior proclamación de Morales como ganador en primera vuelta provocaron denuncias de fraude. Desde el 21 de octubre comenzaron a multiplicarse los paros y cabildos, mientras la oposición fue elevando sus demandas: primero pidió una segunda vuelta y luego nuevos comicios, además de la renuncia del mandatario.
En noviembre, la crisis escaló con rapidez. Luis Fernando Camacho, entonces presidente del Comité pro Santa Cruz, exigió la salida de Morales. El 8 de noviembre estalló en Cochabamba un motín policial que luego se extendió a otras ciudades. En medio de ese escenario se registraron muertos y ataques contra inmuebles públicos y viviendas, reflejo de un país cada vez más fracturado.
La mañana del 10 de noviembre marcó el punto de quiebre. La Organización de Estados Americanos difundió hallazgos preliminares de su auditoría, en los que identificó graves irregularidades y recomendó repetir la elección con nuevas autoridades electorales. Desde El Alto, Morales anunció que convocaría a nuevos comicios. “He decidido, primero, renovar la totalidad de los vocales del Tribunal Supremo Electoral”, afirmó, y añadió que la Asamblea Legislativa establecería los procedimientos.
Con ese anuncio, el mandatario se adelantó a una atribución que no le correspondía ejercer de manera unilateral. La Constitución, en su artículo 206, establece que la Asamblea Legislativa elige a seis de los siete vocales del Tribunal Supremo Electoral, mientras que el presidente designa solo a uno. Sin embargo, Morales no llegó a formalizar la destitución.
Lejos de calmar el ambiente, la declaración no frenó las movilizaciones. La Central Obrera Boliviana pidió la renuncia del presidente y, ya por la tarde, el comandante de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, también la “sugirió”. A las 16:51, desde Chimoré, Morales anunció su dimisión y denunció un “golpe cívico-policial”. Álvaro García Linera también presentó su renuncia. Ambos salieron del país el 11 de noviembre, rumbo a México, bajo asilo.
La crisis institucional se profundizó con las renuncias de Adriana Salvatierra, presidenta del Senado, y Víctor Borda, titular de Diputados, lo que dejó todavía más expuesto el vacío de poder. Finalmente, el 12 de noviembre, Jeanine Áñez, segunda vicepresidenta del Senado, asumió la jefatura del Estado en medio del caos generado por la cadena de dimisiones.
Años después, el debate sobre lo ocurrido sigue abierto. En el libro La crisis constitucional boliviana de 2019, los investigadores Tatiana Fernández, Bernardo Pacheco y Gonzalo Gálvez, de la Universidad Católica Boliviana, sostienen que el Tribunal Constitucional Plurinacional se extralimitó al habilitar la reelección y que el asilo de Morales configuró una ausencia definitiva que dio paso a la sucesión. En la misma línea, el presidente de la Conferencia Episcopal, Aurelio Pessoa, ratificó que, a juicio de la Iglesia, no hubo golpe de Estado.
