El Senado mexicano aprobó este martes, por mayoría calificada, una reforma constitucional que establece que para aspirar a la Presidencia, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de Ciudad de México será necesario contar únicamente con la nacionalidad mexicana.
La modificación fue avalada en lo general y en lo particular con 86 votos a favor y 42 en contra, sin abstenciones, de modo que quedó aprobada sin cambios y fue enviada a los congresos locales para continuar con el proceso legislativo.
La reforma toca tres artículos de la Constitución y fija que las personas que busquen alguno de esos cargos deberán ser mexicanas por nacimiento y no tener ni adquirir otra nacionalidad. En caso de contar con una ciudadanía adicional, deberán renunciar a ella antes de solicitar su registro electoral y demostrar que el vínculo jurídico con ese otro Estado dejó de existir de manera efectiva.
El texto también determina que, durante el ejercicio del cargo, no podrán adquirir ni solicitar otra nacionalidad, invocarla ante autoridades extranjeras ni utilizar pasaporte o documentos de identidad expedidos por otro país. Además, quedará prohibido ejercer derechos políticos derivados de esa ciudadanía extranjera o acogerse a su protección diplomática.
Los cambios entrarán en vigor a partir del proceso electoral de 2028 y no afectarán a quienes ya ocupen alguno de esos cargos cuando la reforma comience a aplicarse. El Congreso, además, tendrá 90 días naturales para ajustar la Ley de Nacionalidad y la legislación electoral, mientras que las entidades federativas deberán armonizar sus constituciones y normas electorales en el mismo plazo.
La iniciativa fue presentada por la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, el 30 de agosto. En la Cámara de Diputados ya había sido aprobada el 22 de septiembre, con 344 votos a favor, 116 en contra y una abstención en lo general, y con 334 votos favorables, 109 contrarios y una abstención en los artículos reservados.
En el Senado, Morena y sus aliados defendieron que la reforma no elimina la doble nacionalidad ni restringe de manera general los derechos políticos, sino que establece una condición excepcional vinculada con la soberanía para quienes encabecen los poderes ejecutivos. En contraste, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano argumentaron que la medida sí limita los derechos políticos de mexicanos con doble nacionalidad, en particular de quienes emigraron o nacieron en el extranjero.
Al tratarse de una reforma constitucional, todavía deberá obtener el respaldo de la mayoría de las legislaturas de las 32 entidades federativas para poder ser publicada oficialmente.
El debate sobre la doble nacionalidad también ha tenido eco en otros procesos electorales de América Latina. En ese contexto, se ha señalado que presidentes como Daniel Noboa, en Ecuador, o Abelardo de la Espriella, en Colombia, tienen también la nacionalidad estadounidense, lo que ha llevado a cuestionamientos de la oposición sobre posibles conflictos de interés.
