El Senado de Paraguay abrió este jueves un juicio político contra el presidente Santiago Peña, en medio de una fuerte crisis política y financiera que se profundizó tras horas de incertidumbre por su renuncia, a la que el Congreso no dio trámite por falta de cuórum. La Cámara Alta quedó convertida en tribunal para analizar la acusación por “mal desempeño de sus funciones” y por los presuntos vínculos del mandatario con el intervenido Ueno bank.
“Venimos a formular acusación conforme al mandato recibido”, afirmó la diputada opositora Rocío Vallejo al iniciar su exposición, en una sesión marcada por la tensión institucional. Mientras tanto, Peña continúa formalmente en la Presidencia, luego de que fracasara la sesión conjunta del Parlamento convocada para votar su dimisión y habilitar así el mecanismo de sucesión tras declarar la vacancia del cargo.
El proceso quedó estructurado en dos etapas, según explicó previamente el senador oficialista Derlis Maidana. La primera consistió en el reconocimiento, durante la noche de este jueves, de los diputados como fiscales acusadores. La segunda está prevista para mañana, cuando los senadores prestarán juramento para conformar el tribunal enjuiciador.
La situación del jefe de Estado quedó directamente ligada a la crisis desatada por la decisión del Banco Central del Paraguay (BCP), que el martes ordenó un proceso de resolución o cierre de Ueno. La medida provocó reclamos de miles de usuarios preocupados por sus ahorros y abrió interrogantes sobre los millonarios fondos públicos depositados en la entidad, en su mayoría provenientes de pensiones.
Según informó la autoridad monetaria, el banco registró un índice de solvencia por debajo del 50 % del mínimo exigido, “como consecuencia de ajustes realizados a sus estados financieros durante el proceso de regularización”. Ese escenario terminó por escalar al plano político y llevó a la Cámara de Diputados a aprobar por unanimidad la acusación contra Peña en una sesión extraordinaria celebrada este jueves, poco después de conocerse su sorpresiva renuncia.
La acusación activó el mecanismo previsto en el artículo 225 de la Constitución y atribuye al presidente “un grave y sistemático mal desempeño de sus funciones”. En su exposición, Vallejo sostuvo que el país atravesó “una jornada siniestra en el ámbito financiero con la caída de un banco que ha afectado a tres millones de paraguayos”, una cifra que equivale a cerca de la mitad de la población del país.
La diputada también advirtió que “muchas instituciones públicas han perdido y van a perder sus ahorros”, al asegurar que el BCP le dio a Ueno “una sentencia de muerte inmediata” sin una “previa intervención”. En la acusación se plantea además un conflicto de intereses, cooptación del Estado y puertas giratorias, en referencia, entre otros elementos, a las acciones que Peña tenía en Ueno Holding, conglomerado al que pertenece Ueno bank. El mandatario vendió esas acciones en marzo de 2025.
Si el Parlamento lo destituyera, Peña perdería los fueros de senador vitalicio que conservaría en caso de que su renuncia fuera aceptada. Con este proceso, el presidente paraguayo se convierte en el segundo gobernante sometido a juicio político en la historia reciente del país, después del izquierdista Fernando Lugo, quien fue finalmente apartado del poder.
