La paralización en el transporte de combustibles y Gas Licuado de Petróleo (GLP) era una eventualidad anticipada por diversos análisis sobre la política de subvenciones en el país. Expertos han señalado previamente la inviabilidad a largo plazo de este apoyo económico a los hidrocarburos.
Se advierte que la continuidad de estos subsidios no es perdurable y podría derivar en dificultades para el acceso a productos esenciales, como largas esperas para adquirir garrafas de gas. El costo real de una garrafa de GLP se estima en aproximadamente 120 bolivianos, una cifra significativamente mayor a los 22.50 bolivianos que actualmente paga el consumidor gracias al subsidio estatal.
La declinación sostenida en la producción interna de hidrocarburos fuerza al país a depender cada vez más de la importación de GLP, lo cual agudiza la presión sobre la economía nacional.
Ante este panorama, se ha instado al gobierno central a abordar la situación con mayor transparencia y honestidad hacia la ciudadanía. Existe la percepción de que las decisiones gubernamentales responden más a cálculos políticos coyunturales que a una comunicación franca sobre la realidad económica.
Se recuerda que las alertas sobre la insostenibilidad de este modelo datan de años atrás, específicamente desde 2014, sin que se haya comunicado abiertamente a la población la gravedad de la situación a la que se llegaría. Se sugiere que una vía para gestionar esta problemática sería un diálogo abierto del gobierno con los diferentes sectores sociales, explicando de manera clara por qué la política de subvenciones ya no es viable.
Las consecuencias de esta situación no se limitarían al ámbito doméstico, afectando directamente a las familias, sino que también impactarían de forma significativa al sector productivo, dado que numerosos emprendimientos dependen del acceso al GLP. De no encontrarse una solución efectiva a corto plazo, existe el riesgo de una escalada económica que podría llevar al país de un escenario de inflación a uno de hiperinflación
