El Decreto Supremo 5503 incluye disposiciones orientadas a proteger la inversión extranjera en el sector hidrocarburífero, aunque para avanzar en temas específicos como la fractura hidráulica o la toma de decisiones relacionadas con la Reserva Natural de Tariquía, se requiere la elaboración de normativas adicionales.
Tarija continúa siendo el principal productor de gas natural en Bolivia, a pesar de una tendencia descendente que se prolonga por casi una década y la ausencia de proyectos significativos que permitan sostener o incrementar la producción. Según los datos oficiales del Ministerio de Hidrocarburos, el promedio anual de producción alcanza los 27,57 millones de metros cúbicos, de los cuales aproximadamente 11,78 millones provienen de los campos tarijeños, con Margarita como principal aporte. Santa Cruz aporta cerca de 10,12 millones de metros cúbicos, principalmente desde el campo Huacareta, mientras que Chuquisaca, con la parte transferida de Margarita-Huacaya, suma alrededor de 4,2 millones. Los campos de Cochabamba mantienen una producción marginal de 0,2 millones de metros cúbicos.
Sin embargo, en lo que respecta a la producción de líquidos asociados al gas, Tarija ha perdido el liderazgo en 2025. En 2015, la región producía 42.000 barriles diarios de petróleo, representando la mayoría del total nacional de 60.000 barriles. Actualmente, la producción tarijeña se ha reducido a 8.800 barriles, mientras que Santa Cruz lidera con 9.800 barriles diarios.
El declive comenzó en 2015, coincidiendo con la caída de los precios internacionales del petróleo que pasaron de más de 100 dólares por barril en 2014 a menos de 30 en enero de 2016. En respuesta, YPFB incrementó la oferta de gas, alcanzando un récord histórico de producción de 59,16 millones de metros cúbicos diarios en 2015, con 40 millones provenientes de Tarija. No obstante, expertos señalan que los campos operados por Petrobras, como San Alberto y San Antonio, junto con Margarita, fueron sobreexplotados, lo que llevó a una disminución progresiva hasta los niveles actuales, inferiores a 12 millones de metros cúbicos diarios. Además, algunos analistas advierten que la reducción en regalías no ha sido proporcional a la caída en producción.
En cuanto a la exploración y producción upstream, el expresidente Luis Arce destacó los esfuerzos realizados durante su administración para reactivar el sector, criticando la falta de incorporación de nuevas reservas en gestiones anteriores. Bajo su mandato, YPFB presentó planes de emergencia para revitalizar la producción, aunque la empresa estatal terminó enfocándose en la comercialización de los recursos existentes. No se logró atraer inversiones significativas debido a los riesgos asociados, evidenciados en proyectos fallidos como Jaguar y el denominado “mar de gas” de Boyuy. Sin embargo, se realizaron inversiones propias para exploración, con resultados prometedores como el descubrimiento de un megacampo en el norte de La Paz llamado Mayaya y otros pozos en áreas tradicionales, gracias a la contratación de taladros.
El Decreto Supremo 5503 también busca captar inversiones estratégicas en recursos naturales, ofreciendo garantías de estabilidad y aprobaciones rápidas a nivel ejecutivo. Paralelamente, se contempla la reforma de la Ley de Hidrocarburos para facilitar la atracción de capital extranjero para proyectos exploratorios, aunque los detalles específicos se esperan en una normativa complementaria. Esta situación genera inquietud entre expertos, quienes temen que se repitan experiencias negativas similares a las de la capitalización de los años 90, especialmente en relación al megacampo Mayaya.
La inversión en un sector tan estratégico y globalizado depende en gran medida de la rentabilidad, influenciada por las condiciones contractuales y el contexto internacional. Por ejemplo, la fractura hidráulica o fracking ha experimentado un desarrollo significativo en Estados Unidos, alcanzando márgenes de rentabilidad competitivos con productores de petróleo como Arabia Saudita. Sin embargo, en Bolivia, las características geográficas y ambientales plantean riesgos importantes. El acuífero Guaraní, ubicado en la zona chaqueña, es uno de los más importantes del mundo, y cualquier incidente relacionado con el fracking podría tener consecuencias graves. A pesar de esto, el tema sigue siendo recurrente en la agenda energética nacional.
Respecto a la Reserva Natural de Tariquía, uno de los pocos contratos vigentes para exploración corresponde a las áreas de San Telmo y Astillero, adjudicadas a Petrobras y YPFB Chaco hace casi una década. Este proyecto ha generado una fuerte oposición social y aún no ha presentado resultados concretos. En San Telmo, la intención es avanzar con la perforación de pozos fuera de la reserva, aunque la mayor parte del desarrollo se encuentra dentro de ella. En Astillero, problemas técnicos con el equipo de perforación han detenido el progreso. El gobierno actual tendrá la responsabilidad de definir el futuro de este proyecto, que enfrenta numerosos desafíos y controversias
