En Tarija, el paro nacional de transporte convocado para este lunes 28 de septiembre tendrá un cumplimiento parcial y con posiciones divididas entre las organizaciones del sector. Mientras el transporte federado confirmó que mantendrá el repliegue de sus unidades durante la jornada, el Transporte Libre anunció que trabajará con normalidad y no se sumará a la medida.
La Federación del Autotransporte 15 de Abril, dirigida por Gabriel Pérez, ratificó que acatará la determinación asumida en el ampliado nacional del transporte. Su decisión implica retirar temporalmente de circulación a las unidades afiliadas, una medida que alcanza a los servicios urbano, interprovincial e interdepartamental vinculados al sector sindicalizado. La postura fue mantenida incluso después del acuerdo alcanzado entre la Alcaldía de Tarija, organizaciones vecinales y representantes del transporte para fijar una tarifa transitoria en el servicio de micros.
Ese entendimiento permitió que las unidades volvieran a operar durante el fin de semana, luego de varios días de interrupción. Sin embargo, la dirigencia del transporte federado dejó en claro que ese acuerdo local no modificaba su adhesión al paro nacional de este lunes, al tratarse de una decisión adoptada por su organización matriz.
Uno de los principales motivos de la protesta es el Decreto Supremo 5716, norma que eliminó la subvención al diésel y alteró de manera sustancial el precio del carburante. El incremento generó preocupación en el sector, que advierte un impacto directo en los costos de operación y mantenimiento de los vehículos. A partir de esa medida también se reabrió la discusión sobre las tarifas del transporte público en Tarija, donde se aprobó una tarifa transitoria para los micros mientras se prevé un estudio técnico que permita definir un costo definitivo más adelante.
En contraste, el Transporte Libre de Tarija tomó un rumbo distinto. Esta organización anunció que no participará del repliegue nacional y que sus unidades continuarán prestando servicio durante la jornada. Aunque comparte observaciones al Decreto Supremo 5716, decidió no acatar la convocatoria emitida por la Confederación de Choferes.
La diferencia de criterios dentro del transporte tarijeño hará que la paralización no tenga un efecto uniforme en el departamento. Mientras el sector federado prevé retirar sus vehículos, otros operadores mantendrán sus actividades, lo que permitirá que parte de la oferta de transporte siga funcionando, aunque con una cobertura menor a la habitual.
La convocatoria nacional tampoco logró una adhesión homogénea en el país. En La Paz, El Alto y Cochabamba algunos sectores anunciaron que trabajarán con normalidad, mientras que Santa Cruz y Chuquisaca confirmaron el repliegue de unidades. En ese contexto, el transporte federado de Tarija figura entre las organizaciones que mantienen su participación en la protesta.
La medida fue convocada por 24 horas y está dirigida principalmente contra las disposiciones vinculadas al precio del diésel y la eliminación de su subvención. La dirigencia nacional también planteó la revisión de la normativa y la atención de las demandas del sector.
Para los usuarios tarijeños, el alcance real del paro dependerá de cuántas unidades sean finalmente replegadas y de la participación de los distintos sindicatos y modalidades de transporte. La división interna podría permitir que algunos servicios continúen operando, aunque con una oferta reducida.
El conflicto se produce además después de varias jornadas de negociación en torno a las tarifas del transporte público en la capital tarijeña. El retorno de los micros a las calles durante el fin de semana permitió restablecer parcialmente el servicio, pero no resolvió las diferencias entre transportistas y autoridades sobre el costo de operación.
Gabriel Pérez ya había ratificado previamente que el transporte federado de Tarija acataría el repliegue nacional, mientras otros dirigentes del departamento asumieron posiciones distintas. Así, este lunes estará marcado por la división interna del sector y por la expectativa sobre el nivel efectivo de paralización.
En paralelo, el Gobierno mantiene mesas de diálogo con distintos sectores y enfrenta demandas para revisar los efectos de las nuevas condiciones de comercialización del diésel. El escenario nacional continúa abierto a nuevas negociaciones, mientras los transportistas evalúan futuras acciones en función de las respuestas que reciban de las autoridades.
