El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, planteó una serie de problemas que, a su criterio, deben ser corregidos dentro de la reforma de las tres leyes electorales, entre ellos las sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) contra el Órgano Electoral, los plazos de inscripción y sustitución de candidaturas, la falta de una normativa para debates y encuestas, además de los llamados taxi partidos y el transfugio político.
Ávila explicó que el TSE abrió un proceso de socialización y escucha de propuestas con el objetivo de recoger observaciones de la ciudadanía y de distintos sectores antes de impulsar los cambios normativos. En ese marco, anunció que el primer departamento en el que trabajarán será Santa Cruz de la Sierra, el 16 de septiembre, donde convocaron a instituciones, comité cívico, universidades y autoridades a presentar sus aportes.
El órgano electoral se fijó un plazo de dos años para modificar la normativa vigente, que está compuesta por la Ley del Régimen Electoral, la Ley del Órgano Electoral y la Ley de Organizaciones Políticas. Como parte de ese proceso, el pasado 2 de septiembre aprobaron una ronda de viajes a todos los departamentos para socializar las reformas que proponen y recoger las inquietudes de las regiones.
Uno de los puntos que más preocupación genera, según Ávila, es el impacto de las sentencias del TCP sobre los procesos electorales. En su explicación, recordó que en las elecciones judiciales se produjo un escenario complejo, debido a que los propios candidatos a magistrados judiciales se erigían como autoridades constitucionales y terminaron paralizando ese proceso en 2024, lo que dejó a cinco departamentos sin representantes ante los altos tribunales.
El presidente del TSE también hizo referencia a la cantidad de recursos presentados en anteriores procesos electorales. Señaló que en las elecciones generales se interpusieron más de 60 amparos con la intención de frenar el proceso, mientras que en las elecciones subnacionales se presentaron más de 80, como parte de una dinámica que, a su juicio, evidencia el uso reiterado de acciones judiciales para obstaculizar la organización electoral.
Otro de los temas que el TSE quiere revisar es la paridad y alternancia en las candidaturas. Ávila advirtió que, actualmente, algunos actores recurren a maniobras judiciales para evitar el cumplimiento del 50% de participación femenina en las listas. En ese punto, destacó el rol que cumplen los delegados ante el TSE de los partidos, así como los jefes partidarios que elaboran las nóminas de candidatos.
