La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) indaga movimientos económicos considerados sospechosos que habrían realizado exfuncionarios de la gestión del expresidente Luis Arce en Brasil y Paraguay, en el marco de una pesquisa orientada a esclarecer un posible esquema de legitimación de ganancias ilícitas.
El viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica e Integridad Pública, Yamil García, confirmó que la información recibida apunta a operaciones en esos dos países, aunque evitó dar nombres o precisar montos para no interferir con el avance de las diligencias. Según explicó en conferencia de prensa, la decisión responde a la necesidad de preservar el curso de la investigación mientras se intenta establecer la ruta del dinero y verificar si existieron irregularidades.
García señaló que las autoridades nacionales activaron canales diplomáticos para impulsar un rastreo financiero internacional y corroborar los hechos reportados. En ese contexto, insistió en que, por ahora, no corresponde identificar a las personas involucradas ni revelar cifras, debido a que ello podría perjudicar el hallazgo de la investigación.
Las revelaciones sobre estos giros financieros no declarados han encendido alertas sobre una posible red transnacional de fuga de capitales, situando a la administración saliente de Luis Arce en el centro de un caso que podría derivar en uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia reciente de Bolivia. La UIF busca determinar si los fondos tuvieron como destino final un circuito de legitimación de ganancias ilícitas y si hubo enriquecimiento ilícito por parte de exaltos cargos del Estado.
En paralelo, el 24 de noviembre de 2025, Yamil García Delfín asumió como viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos, en el marco de la reestructuración del Órgano Ejecutivo impulsada por la administración del presidente Rodrigo Paz. Posteriormente, en septiembre de 2026, se promulgó el Decreto Supremo N° 5706, que otorgó nuevas atribuciones a García.
La cooperación internacional aparece ahora como un elemento clave para avanzar en la verificación de los movimientos financieros y establecer eventuales responsabilidades penales. La trazabilidad de los recursos fuera del país será determinante para confirmar si existió o no un esquema transnacional de legitimación de ganancias ilícitas.
