El debate sobre una reforma parcial de la Constitución Política del Estado (CPE) empieza a ampliarse con la participación de universidades, juristas y actores políticos, mientras en la Asamblea Legislativa avanzan distintas propuestas vinculadas con la justicia, la economía y las autonomías. En ese marco, el presidente del Senado, Diego Ávila, anunció que se convocará al sistema universitario para que forme parte del proceso.
Ávila sostuvo que el aporte académico debe tener un papel central en la discusión. “Las universidades tienen que ser parte fundamental en la discusión de los temas”, afirmó, al señalar además que la participación no debería limitarse al ámbito universitario, sino extenderse a asuntos como justicia, autonomías y otros temas de interés nacional.
El titular del Senado también informó que se buscará incorporar a constitucionalistas al debate y mencionó al expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé. A ello sumó que ya llegaron planteamientos ambientales. En las primeras conversaciones, dijo, se estableció un límite claro para cualquier modificación. “Hemos coincidido con ellos, por ejemplo, que el capítulo de derechos no se toca en la reforma constitucional. Eso es algo que la única forma de tocar es para profundizar derechos”, sostuvo.
La discusión se desarrolla en el marco del artículo 411 de la CPE, que establece que toda modificación que afecte las bases fundamentales del Estado, los derechos, deberes y garantías debe tramitarse mediante una reforma total a través de una Asamblea Constituyente. Para una reforma parcial, la norma prevé la iniciativa popular con al menos el 20% del electorado o una ley aprobada por dos tercios de los presentes en la Asamblea. En ambos casos, el procedimiento debe ser sometido a referéndum.
Desde la Cámara de Diputados, el presidente de la Comisión de Constitución, Juan Del Granado, también insistió en la necesidad de cuidar el procedimiento y de que cualquier cambio respete las reglas de la propia Carta Magna. “La Constitución no es solamente un conjunto de normas que pueden modificarse de acuerdo con las circunstancias políticas del momento. Es el marco que nos permite organizar nuestra convivencia democrática”, señaló.
Del Granado remarcó que la competencia para este tipo de decisiones corresponde a la Asamblea Legislativa en su conjunto y no a cada cámara por separado. Añadió que, una vez logrados los dos tercios, puede plantearse ante el Tribunal Constitucional una consulta sobre el procedimiento y el alcance de la reforma.
En paralelo, la Comisión de Constitución de Diputados reanudó la socialización de su proyecto de reforma judicial. La propuesta incluye un presupuesto mínimo del 3% para el Órgano Judicial, la eliminación de jueces provisorios y la creación de una comisión de postulaciones encargada de preseleccionar candidatos para las principales magistraturas, además del Defensor del Pueblo y el Fiscal General del Estado.
“La reforma judicial viene siendo una exigencia del sistema democrático para su fortalecimiento y para su consolidación”, afirmó Del Granado al defender la iniciativa.
El proyecto también incorpora el reconocimiento constitucional de la justicia de paz, la conciliación y el arbitraje. Asimismo, prohíbe las prórrogas de mandato y dispone el cese automático de funciones al concluir el periodo correspondiente. Otra de sus previsiones es la eliminación de la Procuraduría General del Estado.
El diputado Ruddy Pantaleón respaldó que el debate sobre la justicia sea parte de la reforma. “Sabemos cómo está la administración de justicia en Bolivia, no podemos decir que está en terapia intensiva, creo que es más complicado el tema”, manifestó.
A estas iniciativas se suma la presentada por Ávila junto al diputado Carlos Alarcón, de Unidad, que propone modificaciones en los sistemas económico y judicial. El planteamiento busca retirar de la Constitución varias disposiciones para que luego sean reguladas por leyes, además de introducir ajustes relacionados con inversiones, propiedad estatal y resolución de controversias.
