El dirigente vecinal Rodrigo Castillo volvió a cuestionar este jueves la falta de socialización de los resultados del estudio tarifario de Servicios Eléctricos de Tarija (SETAR) y pidió que el documento sea hecho público, al advertir además que podría entrar en vigencia desde el 31 de octubre.
Castillo señaló que el estudio ya fue remitido a la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN), pero que hasta el momento no fue presentado a la población, pese a los compromisos asumidos anteriormente. En ese sentido, reclamó conocer de manera precisa cuál será el impacto en el consumo domiciliario y sostuvo que, aunque desde SETAR se habla de una próxima exposición del contenido, aún no se concreta.
El dirigente también recordó que se enviaron notas al Gobierno Autónomo Departamental de Tarija (GADT) y a la AETN para obtener información sobre los alcances del estudio, sin que hasta ahora exista una respuesta. A su criterio, la falta de acceso a esos datos mantiene la preocupación entre los usuarios, especialmente por la posibilidad de ajustes en las tarifas.
Desde SETAR, sin embargo, ya se había informado que los resultados serán socializados una vez que se consolide el nuevo esquema tarifario y este reciba la validación de la AETN. En ese marco, la pasada semana se desarrolló una reunión convocada por la Comisión de Energía e Hidrocarburos de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija, en la que el gerente general, Miguel Arciénega, expuso el estado actual del estudio y las etapas cumplidas por la empresa consultora antes de su remisión final al ente regulador para su aprobación.
Durante ese encuentro, la empresa ratificó que su premisa es evitar cualquier incremento en la tarifa del sector domiciliario. Según un comunicado oficial, para ese objetivo se ejecuta un reajuste estratégico al Plan de Inversiones, sin comprometer la calidad ni la continuidad del servicio eléctrico.
Pese a ello, Castillo insistió en que continúan las denuncias por mala facturación. Como ejemplo, mencionó el caso de un usuario que pagaba en promedio 50 bolivianos, luego pasó a 156 bolivianos en 2023 y posteriormente, en 2025, la factura volvió a subir hasta 200 bolivianos.
Ante esa situación, reiteró su pedido para que se revele el estudio tarifario, se realice una auditoría a SETAR y se impulse una reestructuración de la empresa. Además, anunció que mantendrá la demanda y convocó a la dirigencia de la Federación de Juntas Vecinales a sumarse a la movilización para exigir la pronta socialización del documento y fiscalizar que no se produzcan incrementos en la categoría domiciliaria.
