El viceministro de Régimen Interior, Peter Maldonado, informó este jueves que el dirigente campesino evista Nelson Virreira fue detenido con un cuaderno en el que, según su versión, había anotaciones vinculadas con la organización de las movilizaciones anunciadas para la próxima semana. De acuerdo con la autoridad, en ese material también se habría identificado información sobre los puntos de bloqueo y el origen de los recursos destinados a financiar esas acciones.
Maldonado sostuvo que, al momento de la detención, Virreira llevaba en su maletín “valiosa información” sobre cómo estaban programadas las diferentes movilizaciones, de dónde saldría el dinero y cuáles serían los puntos estratégicos que se tomarían. La autoridad vinculó esos datos con la preparación de protestas convocadas por el sector evista.
La declaración del viceministro se produjo un día después de que la Justicia dispusiera seis meses de detención preventiva para Virreira en el penal San Sebastián, dentro del proceso abierto por los 53 días de bloqueo de caminos registrados entre mayo y junio de este año. El dirigente pertenece a la Confederación de Campesinos de Cochabamba y es investigado por ese caso.
En paralelo, el expresidente Evo Morales y sus seguidores anunciaron movilizaciones desde el 13 de octubre en rechazo a las medidas asumidas por el Gobierno de Rodrigo Paz. Entre las observaciones del sector figuran la eliminación de la subvención del diésel y el crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI), además de otras disposiciones.
Maldonado recordó que, durante la crisis de los 53 días, el Ministerio de Gobierno y la Policía Boliviana identificaron “grandes cantidades de dinero” que se trasladaban en ambulancias y vehículos particulares con orígenes desconocidos. Según dijo, esos recursos tenían como destino llegar a El Alto, Patacamaya y otros puntos de bloqueo para financiar las movilizaciones.
La defensa del sindicado anunció que apelará la determinación judicial, al considerar que se tomaron en cuenta pruebas que no estaban incluidas en la imputación de la Fiscalía. El abogado sostuvo que el juez vulneró el debido proceso al incorporar elementos que no figuraban en la resolución de imputación formal y al usar la declaración del imputado para autoincriminarlo.
Bajo ese argumento, la defensa calificó el caso como un asunto político. Entretanto, el proceso continúa abierto por la presunta comisión de los delitos de atentado contra la seguridad de los medios de transporte, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.
