La alianza política Libre pidió a la directiva de la Cámara de Diputados que se aparte al legislador Rafael López del Órgano Legislativo, luego de que fuera señalado por presuntos nexos con el narcotráfico en una lista difundida por Estados Unidos junto a otras 15 personas, según confirmó el vocero de esa organización, Adrián Vega Gandarillas.
Vega explicó que la solicitud fue impulsada por Jorge “Tuto” Quiroga y Juan Pablo Velasco, quienes habrían pedido a la presidencia de Diputados que se proceda “de inmediato y con celeridad” a desvincular al parlamentario, en una medida que, según dijo, debería seguir el mismo criterio aplicado en el caso del exfiscal general Roger Mariaca.
El vocero sostuvo que el país atraviesa una etapa marcada por “20 años” de impunidad y presuntos contubernios entre operadores de justicia, policías, funcionarios de gobierno y parlamentarios con el narcotráfico, por lo que consideró necesario desestructurar ese esquema. En ese marco, afirmó que la organización política pidió de manera inmediata apartar a López de sus funciones tras el “desvisado” dispuesto por el gobierno norteamericano.
De acuerdo con Vega Gandarillas, López sería el único implicado de la alianza Libre dentro de la nómina de 15 personas afectadas por la medida estadounidense. Añadió que el diputado habría intentado generar paralelismo en la jefatura de bancada de Diputados, aunque insistió en que debe ser alejado de la organización.
“Nosotros decimos que vamos a cambiar las cosas, desde casa, esta persona que no respetó los principios ni valores de Libre ni la ética ni la moral, debe ser alejada”, manifestó el vocero, al señalar además que corresponde restituir el curul a la organización política.
Consultado sobre la existencia de pruebas contra el diputado, Vega respondió que será el Ministerio Público el encargado de presentarlas, y recordó que ocurrió algo similar con el exfiscal Mariaca, cuando se inició una investigación después de que le retiraran la visa.
El vocero también admitió que una sindicación de este tipo daña al país, a la democracia y a la imagen nacional e internacional, al tratarse de una autoridad nacional implicada en un presunto delito combatido en distintos países. Sin embargo, negó que el narcotráfico se haya infiltrado en organizaciones políticas y sostuvo que el problema radica en personas que ocupan cargos y se sienten con poder suficiente para incumplir la ley.
