La ampliación del estado de excepción ingresó este jueves en una etapa decisiva en la Asamblea Legislativa Plurinacional, que fue convocada para las 16:00 con el objetivo de autorizar o rechazar la extensión por otros 90 días dispuesta por el Gobierno mediante el Decreto Supremo 5707. La sesión llega marcada por posiciones divididas y por una controversia jurídica sobre el procedimiento que debe seguirse para validar o frenar la medida.
El vicepresidente Edmand Lara confirmó la convocatoria y adelantó que su postura es contraria a la prórroga. “Desde mi criterio no es necesario, pero no soy el que toma la decisión, es el pleno de la Asamblea”, afirmó. El tratamiento del decreto figura como segundo punto del orden del día.
Desde el Ejecutivo, en cambio, se sostiene que aún persisten factores de riesgo que justifican mantener el régimen extraordinario. El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, informó que los ministros asistirán al Legislativo para sustentar la decisión, que busca conservar las herramientas aplicadas desde junio frente a bloqueos, amenazas a la libre circulación, afectaciones a servicios esenciales e infraestructura crítica.
El DS 5707 establece que la ampliación comenzará una vez concluido el primer periodo de 90 días y mantiene vigentes las medidas, facultades y restricciones definidas en el DS 5636. No obstante, la Ley 1740 señala que una extensión excepcional requiere autorización previa de la Asamblea, mediante mayoría absoluta de los legisladores presentes.
Esa diferencia abrió una discusión de fondo. Libre, en un pronunciamiento firmado por la diputada Lissa Claros, sostuvo que el Ejecutivo no puede ampliar unilateralmente el estado de excepción y que la ALP debe decidir si lo autoriza o lo rechaza. Además, recordó que el artículo 139 de la Constitución obliga al Ejecutivo a rendir cuentas sobre las causas de la declaratoria y sobre el uso de las facultades extraordinarias. En la misma línea, el constitucionalista Carlos Börth coincidió en que la prórroga necesita autorización previa y observó que el plazo de 72 horas corresponde a la declaratoria inicial. A su juicio, antes de votar, la Asamblea debería conocer la rendición de cuentas sobre los primeros 90 días y evaluar si continúa una situación de conmoción interna que justifique otros tres meses.
El Gobierno maneja una interpretación distinta. El vocero presidencial José Luis Gálvez señaló que, si la Asamblea no emite una resolución dentro de las 72 horas, las medidas del DS 5636 seguirán vigentes de manera excepcional hasta que exista un pronunciamiento. Según explicó, si el pleno analiza la solicitud y la rechaza, el estado de excepción concluirá.
La definición también tiene impacto en el debate sobre la reforma constitucional. El artículo 140 de la CPE establece que una reforma no puede iniciarse mientras esté vigente un estado de excepción. En ese marco, Jorge Tuto Quiroga, líder de Libre, cuestionó la prórroga porque, según su criterio, postergaría ese proceso y pidió una rendición de cuentas.
APB-Súmate, por el contrario, expresó respaldo a la ampliación. Su líder, Manfred Reyes Villa, sostuvo que prolongar el régimen ayudaría a evitar nuevos escenarios de confrontación y desestabilización.
La votación de esta tarde definirá si Bolivia ingresa en un segundo periodo de 90 días bajo estado de excepción. El pleno deberá valorar si siguen vigentes las condiciones que justificaron la medida en junio, cuando el país atravesó una ola de protestas que se prolongó durante 53 días con bloqueos que, según estimaciones del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) y productores, generaron pérdidas económicas superiores a $us 3.000 millones.
Ese cálculo incluye afectaciones al agro, la agroindustria, la industria, el comercio, el transporte, el turismo, la banca, los servicios, las exportaciones y las importaciones. Solo el sector exportador dejó de generar más de $us 1.000 millones durante el conflicto.
