Representantes del sector panificador de localidades como San Lorenzo, La Victoria, Lajas y del Mercado Central de Tarija llevaron a cabo una movilización para expresar su preocupación ante la escasez y el elevado costo de insumos esenciales para su actividad. Durante la jornada de protesta, se constató que los puestos de venta de pan en el mercado central permanecieron cerrados, impidiendo la comercialización de cualquier tipo de pan.
Los panificadores manifestaron que el quintal de harina ha alcanzado un precio de 550 bolivianos, mientras que la manteca, otro componente crucial, se vende a 500 bolivianos. Subrayaron la dificultad para conseguir manteca de producción nacional, indicando que, de haberla, su precio es prohibitivo. Esta situación, explicaron, los ha obligado a limitar su producción a únicamente panes de 2 y 5 bolivianos.
El sector atribuyó la problemática directamente al gobierno, al que acusan de haber perdido el control económico y de no ejercer una presencia efectiva en todo el territorio. Señalaron que la falta de soluciones está generando dificultades y hambre en la población, que es consumidora habitual de pan, y demandaron acciones concretas de las autoridades.
En el marco de sus reclamos, los panificadores expresaron críticas hacia las concejalas Marcela Guerrero y Nushenka Gaite, así como hacia Silvia Palacios, representante del Viceministerio de Defensa del Consumidor. A las dos primeras ediles, el gremio las declaró personas no gratas. Los panificadores cuestionaron la actuación de estas funcionarias, sugiriendo que buscan réditos políticos en lugar de ofrecer soluciones prácticas, como asegurar la disponibilidad de harina.
Asimismo, dirigieron reproches a líderes de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve), quienes, según los panificadores, los interpelan por no aceptar harina subvencionada. El sector panificador negó la existencia de esta harina de subvención a su alcance y acusó a los dirigentes vecinales de mentir y de intentar generar confrontación con la ciudadanía.
Por otro lado, se conoció que representantes del Viceministerio de Defensa del Consumidor, Fejuve, la Intendencia y la diputada Viviana Aparicio sostuvieron un encuentro para analizar la problemática. En esta reunión, Silvia Palacios sugirió la posibilidad de traer harina desde Villazón a un precio más bajo.
Frente a la postura de los panificadores, Celestino Barro, dirigente de Fejuve, declaró que el sector tiene el derecho de realizar paros si así lo deciden. Sin embargo, advirtió que, en caso de un cese de actividades, se brindarán facilidades a otras personas dispuestas a elaborar y vender pan.
El intendente Carlos Camacho reiteró que su entidad carece de competencia para controlar los precios de los productos, una facultad que recae en el gobierno nacional. En un intento por buscar soluciones, los panificadores también se reunieron con el alcalde Jhonny Torres, quien se comprometió a establecer comunicación con el gobierno central respecto a la situación planteada por el sector
