Magistradas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) se trasladaron a La Paz para alertar sobre una nueva estrategia legal originada en una sala constitucional del Beni. La controversia surge a raíz de una acción popular presentada por el abogado Percy Claure Cuellar, la cual busca la destitución de todas las autoridades judiciales electas y aquellas que han extendido sus mandatos.
Las magistradas expresaron su profunda preocupación por lo que consideran una tendencia de ciertas instancias constitucionales a exceder sus competencias. Argumentan que ningún juez constitucional debería arrogarse facultades que van más allá de lo establecido en la Constitución Política del Estado, ni ignorar el principio de separación de poderes. Esta situación, según sus observaciones, ha sido recurrente a lo largo de los años, con salas constitucionales interpretando la Carta Magna de manera que contradice su espíritu y asumiendo atribuciones que no les corresponden.
La acción popular, interpuesta por Claure Cuellar ante el Tribunal Departamental de Justicia del Beni, fue admitida por la Sala Constitucional Segunda. Aunque la audiencia estaba programada para el jueves, fue suspendida. Un detalle significativo de este caso es que la sala está presidida por el vocal Charles Mejía, quien previamente ya había paralizado en dos ocasiones el proceso de elección judicial de 2024. Además, se ha revelado que el vocal Mejía fue candidato en aquel proceso electoral, y el abogado que ahora presenta la acción popular fue un exempleado de su estudio jurídico.
La demanda legal se dirige específicamente contra cinco magistrados con mandatos extendidos: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, René Yván Espada Navia, Julia Elizabeth Cornejo Gallardo, Isidora Jiménez Castro y Karem Lorena Gallardo Sejas. Adicionalmente, el memorial del abogado solicita el cese de funciones del Magistrado Paul Enrique Franco Zamora y de todos los magistrados electos en 2024, cuya legitimidad es cuestionada por la demanda. Esto implica un cuestionamiento directo a la legalidad y legitimidad de un total de diez magistrados del Tribunal Agroambiental, seis del Consejo de la Magistratura, catorce del Tribunal Supremo de Justicia y ocho del Tribunal Constitucional, incluyendo tanto titulares como suplentes.
Las magistradas señalaron que, en un período reciente, la voluntad popular se manifestó claramente al elegir a los representantes de la Asamblea Legislativa Plurinacional, así como al presidente y vicepresidente. En este contexto, manifestaron su inquietud de que la justicia sea instrumentalizada, lo que podría, a largo plazo, desconocer ese mandato democrático.
La acción popular amplía su alcance para incluir como demandados no solo a los funcionarios judiciales con mandatos extendidos, sino también a la totalidad de la Asamblea Legislativa y a los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), quienes tuvieron a su cargo la administración del proceso electoral de diciembre de 2024
