Una auditoría interna realizada en la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas S.A.) de La Paz ha detectado un perjuicio económico cercano a los 15,1 millones de bolivianos, vinculado a la adquisición de 252 tuberías importadas desde China. Esta investigación fue impulsada por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) tras denuncias presentadas desde 2024 por el consultor especializado en agua y saneamiento, José María Herbas.
Las tuberías, diseñadas con un espesor de 1,3 centímetros, diámetro de 60 centímetros y una longitud de 12 metros, tenían como objetivo reemplazar las instalaciones provisionales colocadas por YPFB en 2011, tras un deslizamiento masivo que afectó a más de 1.200 familias en las áreas de Valle de Las Flores y Callapa. Estos conductos de alta presión abastecen aproximadamente a 120 barrios y a unas 300 mil personas en el sur de La Paz y, según expertos, deberían renovarse cada cinco años para garantizar la calidad del agua potable.
Sin embargo, a 14 años del desastre natural, las tuberías originales no fueron sustituidas y las nuevas unidades adquiridas en 2021 permanecen almacenadas sin uso en un terreno de Epsas. La falta de documentación oficial que acredite la recepción de las tuberías se debe a que estas no cumplían con las especificaciones técnicas requeridas.
El informe de auditoría, entregado el 16 de septiembre por el jefe del Departamento de Auditoría Interna de Epsas, Iván Mauricio Sánchez Ponce, revela que el proceso de compra incumplió el Manual de Procedimientos de Contrataciones vigente y no se respetaron las cláusulas contractuales ni las especificaciones técnicas. Estos incumplimientos ocasionaron un daño económico estimado inicialmente en más de 6,2 millones de bolivianos, correspondiente a los pagos efectuados a la empresa proveedora peruana “Sociedad Comercial La Llave S.A.”, representada en Bolivia por Ana Pimentel.
El monto total del perjuicio asciende a más de 15 millones de bolivianos, considerando pagos pendientes y costos adicionales derivados de las correcciones necesarias para las tuberías, que carecían del recubrimiento anticorrosivo indispensable para evitar la contaminación del agua. Parte de estos gastos fueron recuperados mediante la ejecución de garantías financieras, valoradas en 4,6 millones de bolivianos. No obstante, la auditoría señala que aún existe una deuda pendiente de más de 4,3 millones con la empresa proveedora.
Epsas, que presta servicios a siete municipios del departamento de La Paz, está bajo intervención estatal desde 2013, con un interventor designado por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua y supervisado por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (APSS). Intentos por obtener declaraciones del actual interventor y otros funcionarios involucrados no tuvieron respuesta, dificultando la transparencia del proceso.
El especialista Herbas considera que la auditoría ordenada por el exministro Álvaro Ruiz responde a un intento por deslindar responsabilidades administrativas y penales, aunque critica que el informe carece de un análisis profundo sobre posibles sobreprecios y direccionamientos en la adjudicación del contrato. Señala que no se tomaron en cuenta cotizaciones de otros proveedores ni se investigaron aumentos injustificados en los precios presentados por “La Llave”. Por ello, solicita una evaluación externa que garantice la imparcialidad y solicita la intervención directa de autoridades superiores para evitar que la empresa estatal se encuentre al borde de la insolvencia técnica.
La auditoría identifica indicios de responsabilidad por incumplimiento de deberes en al menos 26 funcionarios, entre ellos el exinterventor Gonzalo Iraízos, vinculado a otros casos de corrupción, y su sucesor Jaime Gutiérrez, quien habría ignorado reportes sobre las deficiencias técnicas de las tuberías. También se señalan a gerentes, subgerentes, jefes y supervisores de diferentes áreas. Además, se menciona la necesidad de investigar a autoridades de la APSS y exministros del sector que pudieron tener conocimiento de las irregularidades sin tomar medidas oportunas.
Entre las recomendaciones del informe figura la instrucción al Departamento Legal para emitir un pronunciamiento sobre las responsabilidades detectadas y la tipificación de posibles delitos, así como la adopción de acciones legales contra la empresa proveedora por incumplimiento contractual. Se enfatiza la urgencia de remitir estos informes a la jefatura de auditoría para proceder con las medidas correspondientes.
Cabe recordar que la intervención estatal en Epsas en 2013 se fundamentó, entre otros motivos, en la falta de renovación de las tuberías instaladas de emergencia tras el desastre de 2011, situación que ahora se ve agravada por las irregularidades en la adquisición de los nuevos conductos, poniendo en riesgo la continuidad y calidad del servicio de agua potable para miles de habitantes
