El proyecto de ley que establece un régimen excepcional y transitorio para la realización de las elecciones subnacionales se convirtió en el primer gran desafío para los nuevos miembros de la Cámara de Diputados. A pesar de las promesas iniciales de diálogo y respeto mutuo, la discusión estuvo marcada por enfrentamientos, acusaciones y desacuerdos que dificultaron la aprobación urgente del marco legal que requiere el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para convocar a los comicios.
Durante dos días consecutivos, la sesión parlamentaria evidenció la falta de consenso, incluso sobre la modalidad para tratar la ley con la urgencia necesaria. El martes, la sesión fue suspendida ante la imposibilidad de acordar la dispensación de trámites, y el miércoles la Comisión de Constitución demoró hasta después del mediodía en enviar el proyecto al Comité de Democracia y Sistema Electoral.
El principal punto de conflicto radicó en una disposición transitoria incluida en el proyecto original presentado por el TSE. Esta establecía que, de manera excepcional para las próximas elecciones subnacionales, no se aplicarían ciertos plazos legales que impiden la participación electoral a las organizaciones políticas que no hayan obtenido su personería jurídica al menos 90 días antes de la convocatoria. El TSE proponía así permitir que partidos, agrupaciones ciudadanas y organizaciones indígenas en proceso de reconocimiento puedan inscribirse dentro del calendario electoral aprobado.
Sin embargo, el Senado eliminó esta disposición, restringiendo la participación de nuevas organizaciones políticas para los comicios de 2026. Esta modificación fue enviada a la Cámara de Diputados, donde el bloque minoritario, representado por la alianza Libre, manifestó su rechazo y exigió la restitución de la disposición para garantizar la participación de su partido, que aún está en proceso de consolidar su personería jurídica.
La negativa a tratar la ley con urgencia llevó a que el proyecto pasara nuevamente por la Comisión de Constitución y luego al Comité de Sistema Electoral, donde la mayoría pertenece a la alianza Libre. Este comité devolvió el informe con la disposición transitoria restituida, pero la Comisión de Constitución rechazó el informe y remitió el texto al pleno con la versión aprobada por el Senado.
En medio de este proceso, un vocal del TSE defendió la propuesta original ante la Comisión de Constitución, recordando que en elecciones anteriores se permitió la participación de todas las organizaciones políticas en respeto al principio de inclusión y derechos políticos. No obstante, la Comisión de Constitución mantuvo el rechazo a las modificaciones del Comité de Sistema Electoral y envió el proyecto al pleno de la Cámara de Diputados, que reanudó la sesión en horas de la noche para continuar con el debate.
Al cierre de la jornada, los diputados seguían discutiendo el tema, y se anticipa que la mayoría impondrá la versión del Senado, aprobando la ley sin cambios y enviándola para su promulgación presidencial en las próximas horas.
Paralelamente, desde el martes, un grupo de 25 autoridades indígenas de las naciones Qhara Qhara y Yampara, provenientes de los departamentos de Potosí y Chuquisaca, mantienen una vigilia permanente en la Asamblea Legislativa de La Paz. Su demanda es clara: solicitan la aprobación inmediata de la ley para garantizar la convocatoria a las elecciones subnacionales y el respeto a los derechos políticos de todos los ciudadanos, en especial de los pueblos indígenas que han esperado durante años para ejercer plenamente sus derechos.
Representantes de estas naciones expresaron su preocupación por la falta de acuerdos entre los legisladores y urgieron a dejar de lado intereses partidarios que podrían poner en riesgo el proceso electoral y la democracia. Señalaron que su lucha por la inclusión de escaños indígenas en los legislativos departamentales es histórica y cuenta con respaldo constitucional desde 2014, además de sentencias que respaldan su incorporación.
Este retraso, según los representantes indígenas, responde a decisiones políticas que no consideran los intereses del conjunto del país. Insisten en que la población está a la espera de las elecciones subnacionales y advierten que la falta de aprobación podría prolongar la gestión actual, situación que rechazan firmemente. Hacen un llamado a la reflexión para que se apruebe la ley sin más demoras y se garantice la participación política de todos los sectores
