El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómer Saucedo, informó que los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que extendieron ilegalmente su mandato acumulan un total aproximado de 20.000 casos pendientes por resolver. Esta situación, según Saucedo, representa un grave perjuicio para la administración de justicia en el país.
En declaraciones realizadas recientemente, Saucedo destacó la valentía de jueces y vocales que han actuado en defensa de la Constitución Política del Estado, priorizando el orden legal por encima de intereses personales o de poder. Señaló que la autoproclamación de prórrogas por parte de los magistrados del TCP fue una acción irregular, ya que un juez no puede emitir resoluciones que le favorezcan a sí mismo. En contraste, los magistrados del TSJ se limitaron a acatar las decisiones del TCP, aunque enfatizó que, independientemente de las diferencias, todos los involucrados deben cesar en sus funciones.
En cuanto a las medidas legales adoptadas, Saucedo confirmó la existencia de cinco órdenes de aprehensión contra los exmagistrados, emitidas por autoridades competentes y de cumplimiento obligatorio, aunque reconoció que inicialmente se difundieron solo cuatro de estos documentos. Recalcó que esta acción no responde a intereses personales, sino a una decisión colectiva orientada a recuperar la credibilidad institucional y fortalecer la legitimidad del sistema judicial en Bolivia.
Respecto a la continuidad del Tribunal Constitucional Plurinacional, Saucedo explicó que la elección de nuevos magistrados corresponde a la Asamblea Legislativa Plurinacional, que debe resolver el vacío generado por la salida de los autoprorrogados. Mientras tanto, el funcionamiento del TCP se mantiene garantizado gracias a la presencia de cuatro magistrados que continúan en funciones.
El presidente del TSJ subrayó que la autoproclamación de prórrogas no puede ser validada, ya que contraviene la norma suprema. Los nuevos magistrados tendrán la tarea de realizar una evaluación interna para abordar las consecuencias de esta irregularidad, incluyendo las numerosas causas pendientes y las sentencias emitidas con fines políticos o personales. Sin embargo, advirtió que no es posible revertir las actuaciones previas, ya que ello provocaría un escenario de caos e incertidumbre jurídica.
En un contexto relacionado, la Sala Constitucional de Potosí ordenó el cese inmediato de los cinco magistrados autoprorrogados, suspendió el pago de sus salarios y dispuso que sean escoltados por personal administrativo del tribunal. Paralelamente, un juzgado en Santa Cruz emitió cuatro órdenes de aprehensión contra estos exfuncionarios, en el marco de las acciones legales emprendidas para restablecer la institucionalidad
