El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, informó que el bloqueo de 12 días en el acceso al vertedero de Cotapachi, ubicado en Colcapirhua, fue resultado de una acción planificada y financiada, con al menos 20.000 bolivianos incautados, además de contar con equipamiento logístico como drones, explosivos y vehículos con placas ocultas.
La intervención policial llevada a cabo para hacer cumplir una sentencia constitucional desencadenó un enfrentamiento violento que dejó dos comunarios fallecidos y al menos quince personas heridas, entre ellas siete agentes de policía. El operativo tuvo como objetivo garantizar el paso de los camiones recolectores de basura, tras casi dos semanas de bloqueo que impedían el acceso al botadero.
Según las autoridades, los efectivos fueron sorprendidos por grupos organizados que buscan la disputa y el avasallamiento de terrenos con alto valor comercial en las inmediaciones del vertedero. El ministro Oviedo subrayó que la agresión comenzó de manera inmediata al arribo policial, sin posibilidad de diálogo, y destacó la preparación de los bloqueadores, quienes contaban con armamento y recursos para el conflicto.
Por su parte, la Fiscalía Departamental de Cochabamba señaló que un subteniente de la Policía es el principal sospechoso en la muerte de los dos comunarios, quienes recibieron impactos de proyectiles de arma de fuego. El fiscal Osvaldo Tejerina explicó que el uniformado admitió haber disparado su arma reglamentaria en defensa propia durante el enfrentamiento. Tras la recopilación de pruebas y la declaración del implicado, se procedió a su aprehensión y será imputado por homicidio. Actualmente, el subteniente se encuentra bajo custodia policial luego de una cirugía para extraer esquirlas de escopeta incrustadas en su cuerpo.
El informe pericial inicial registró la recolección de 16 casquillos en la zona: 13 de calibre nueve milímetros y tres de escopeta, además de explosivos y otros elementos que están siendo analizados por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF).
En su testimonio, el subteniente describió que él y tres compañeros, incluida una mujer, fueron rodeados por cerca de 30 manifestantes que los agredieron con golpes, petardos, dinamita y piedras, cuando ya no contaban con agentes químicos para dispersar a la multitud. Relató que efectuó un disparo disuasivo hacia el suelo para intentar retirarse, pero ante una nueva embestida y amenazas de quemarlos vivos, disparó nuevamente en defensa propia para proteger su vida y la de sus colegas.
El inspector general de la Policía, Gunther Agudo, señaló que, pese a la versión de defensa propia, el uso de armas de fuego en operativos de control social está prohibido por la normativa interna. Recalcó la necesidad de que el Ministerio Público realice una investigación transparente para esclarecer los hechos.
Asimismo, las autoridades indicaron que el contingente policial fue víctima de una emboscada planificada durante su retirada del operativo. En un vehículo detenido se encontraron un dron, explosivos y 20.000 bolivianos en efectivo, presuntamente destinados a financiar a los movilizados. Agudo enfatizó que los grupos involucrados estaban organizados y equipados, y denunció que varios policías sufrieron torturas y hostigamientos durante el conflicto.
El alcalde de Colcapirhua, Nelson Gallinate, afirmó que el bloqueo no respondía a una demanda social legítima, sino a intereses económicos relacionados con la disputa de terrenos en la zona del vertedero. Aclaró que el conflicto limítrofe entre Quillacollo y Colcapirhua no está en discusión debido a un acta vigente desde 1994 que establece los límites territoriales. Según el alcalde, se trató de grupos violentos financiados sin una causa social real.
Este conflicto se enmarca en una problemática mayor relacionada con la gestión de residuos sólidos en el eje metropolitano de Cochabamba, que se intensificó tras el cierre del botadero de K’ara K’ara en abril. Hasta ahora, el municipio no ha logrado implementar un sistema alternativo de disposición final, a pesar de contar con proyectos para la industrialización de residuos.
Mientras continúan las investigaciones fiscales y policiales, el Gobierno hizo un llamado a evitar la politización del caso y enfatizó la importancia de identificar a los responsables materiales e intelectuales detrás de la emboscada y el bloqueo que afectaron la recolección de basura durante casi dos semanas
