Los viticultores del valle central proyectan una cosecha de 1,5 millones de quintales de uva para la vendimia de 2026, lo que se traduciría en un movimiento económico cercano a los 180 millones de dólares a lo largo de toda la cadena productiva, que abarca desde la producción agrícola hasta la elaboración de vino y singani. Esta estimación, proporcionada por la Asociación Nacional de Viticultores (Anavit), destaca la relevancia del sector para la economía regional.
José Luis Sánchez, representante de Anavit, señaló que solo en materia prima la generación de ingresos alcanzaría aproximadamente 220 millones de bolivianos, subrayando la trascendencia estratégica de la uva en la economía local. En paralelo, los productores están gestionando ante las autoridades nacionales la implementación de una resolución administrativa que impida la entrada de uvas provenientes de países vecinos, como Perú, Argentina y Chile, con el fin de proteger la producción nacional.
Sánchez advirtió que la importación de uva extranjera, tanto legal como ilegal, ya está afectando los mercados de ciudades como Santa Cruz y Cochabamba, especialmente en el inicio de la temporada de cosecha, cuando la producción local comienza a abastecer la demanda nacional con variedades como la primor. Por ello, solicitó al Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) que priorice la aprobación de medidas restrictivas para evitar esta competencia desleal, a pesar del contexto de transición gubernamental que atraviesa el país.
La producción prevista no solo abastecerá el mercado de uva de mesa, sino que también será fundamental para la industria vitivinícola y de singani, sectores que dependen directamente de la calidad y cantidad de la materia prima local. En este sentido, Sánchez instó a los industriales del sector a transparentar la información sobre el impacto económico y laboral que generan en la región, recordando que estas actividades son pilares importantes para la generación de empleo y dinamización económica.
Además, el dirigente denunció que la cadena productiva enfrenta problemas históricos relacionados con la corrupción en el Senasag. Explicó que en años anteriores se detectaron casos de clonación de guías de movimiento de uva, documentos esenciales para el transporte legal de la fruta, lo que facilitó el ingreso de uva de contrabando, principalmente desde Perú. Esta situación ha provocado distorsiones en el mercado y pérdidas económicas significativas, estimadas en 18 millones de bolivianos durante la presente temporada, según cálculos de Anavit
