En Bolivia, las adolescentes provenientes de hogares con menores ingresos enfrentan un riesgo significativamente mayor de embarazo en comparación con aquellas de familias con mayores recursos, llegando a ser hasta diez veces más propensas, según información proporcionada por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). Esta disparidad se acentúa en las zonas rurales y en regiones con limitado acceso a servicios educativos y de salud.
Durante el año 2024, se reportaron más de 28.000 casos de embarazo adolescente en el país, distribuidos entre 26.666 jóvenes de 15 a 19 años y 1.412 niñas menores de 15 años. Aunque la mayoría de los casos en términos absolutos se concentran en áreas urbanas debido a la mayor densidad poblacional, la incidencia relativa resulta más elevada en comunidades rurales y en departamentos del oriente boliviano.
El representante del UNFPA en Bolivia, Pablo Salazar Canelos, señaló que el embarazo adolescente tiende a presentarse con mayor frecuencia entre los 16 y 18 años y afecta a todos los estratos sociales, aunque con una prevalencia notablemente superior en los sectores más desfavorecidos. También resaltó que departamentos como Santa Cruz, Beni y Pando exhiben tasas por encima del promedio nacional, conforme a datos de la Encuesta de Demografía y Salud.
En la última década, Bolivia ha logrado reducir el número anual de embarazos en adolescentes de más de 50.000 a cerca de 28.000, situándose actualmente en un nivel similar al promedio regional de América Latina y el Caribe, con una tasa específica de fecundidad adolescente de 48 nacimientos por cada mil adolescentes. No obstante, el desafío persiste como un problema estructural que requiere atención continua.
A nivel continental, América Latina mantiene la segunda tasa más alta de embarazo adolescente en el mundo, solo superada por África subsahariana, lo que subraya la urgencia de implementar estrategias efectivas.
En respuesta a esta problemática, el UNFPA ha lanzado la iniciativa “Meta: cero embarazos en adolescentes”, un programa integral y costo-efectivo que prioriza la ampliación del acceso a servicios de salud amigables para adolescentes, la educación sexual integral y el apoyo psicológico. La meta es erradicar el embarazo adolescente en un plazo de diez años, estableciendo objetivos intermedios alineados con el próximo Plan Nacional de Desarrollo.
El plan contempla iniciar intervenciones en los territorios con mayor prevalencia, abarcando inicialmente entre 10 y 15 municipios, con la intención de extender progresivamente las acciones a otras localidades. La financiación se buscará a través de alianzas con el sector privado y la cooperación internacional, complementando los recursos que ya destinan los gobiernos municipales y el Estado. Se estima que será necesario cubrir aproximadamente el 40% del costo total del programa para insumos, equipamiento y capacitación del personal involucrado
