El Gobierno ha anunciado la realización de un nuevo estudio sobre el consumo de coca con el objetivo de fortalecer las estrategias destinadas a erradicar el cultivo ilegal de esta planta y combatir el narcotráfico. Según informó el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, el reciente informe de Monitoreo de Cultivos de Coca 2024, respaldado por la Unión Europea, revela un incremento del 10% en las áreas cultivadas de coca en el país en comparación con el año anterior. Además, solo el 41% de la producción total se comercializa a través de los mercados legales.
Justiniano subrayó que la eliminación de los cultivos ilegales es fundamental para enfrentar de manera directa al narcotráfico y al crimen organizado. Señaló que Bolivia está bajo la mirada internacional debido a la significativa cantidad de cocaína que se produce en el territorio nacional, por lo que la erradicación se convierte en una prioridad urgente. En sus palabras, es inadmisible permitir un aumento constante en la superficie destinada a la producción de cocaína.
Como antecedente, el viceministro recordó que en 2016 se llevó a cabo un estudio sobre el consumo legal de coca, que estableció una necesidad aproximada de 14.700 hectáreas para este fin. Sin embargo, en ese momento se aprobó una normativa que autorizó el cultivo en 22.000 hectáreas, lo que implicó un excedente de 7.000 hectáreas que, según Justiniano, fue aprovechado para la producción ilícita de cocaína.
A partir de la revisión de estos datos, se planteó la realización de un nuevo análisis en colaboración con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para determinar con mayor precisión la superficie necesaria para el consumo legal. Además, se detectó que en ciertas regiones, como el Chapare, existen 14.200 hectáreas cultivadas, cifra que supera en casi un 50% las autorizaciones vigentes.
El viceministro enfatizó que la erradicación de los cultivos excedentes debe ser una prioridad en la lucha contra el narcotráfico, no solo para Bolivia sino también para países vecinos, destacando la importancia de trabajar en la prevención desde la producción y no únicamente en el control de los efectos derivados de la cocaína.
En cuanto a la producción, se indicó que mientras hace algunos años la cosecha anual de coca rondaba las 80 toneladas, el informe actual estima una capacidad potencial para generar hasta 223 toneladas de cocaína al año. Por esta razón, el nuevo estudio buscará actualizar las cifras de consumo legal, analizar la distribución por regiones y establecer planes para eliminar la mayor cantidad posible de cultivos ilegales.
El viceministro también señaló que los niveles de incautación de coca ilegal son históricamente bajos, lo que dificulta la lucha contra el narcotráfico. Destacó que, a nivel mundial, solo una fracción de la droga producida, las fábricas de cocaína y los implicados en el crimen organizado son detectados y detenidos, lo que refleja la magnitud del desafío.
Finalmente, Justiniano cuestionó la percepción anterior de autosuficiencia en la lucha contra las organizaciones criminales, calificándola como una ventaja inadvertida para los narcotraficantes y reafirmó la necesidad de redoblar esfuerzos para enfrentar este problema de manera integral y efectiva
