La manifestación organizada por la Central Obrera Boliviana (COB) en rechazo al Decreto Supremo 5503 culminó con al menos cinco efectivos policiales lesionados, detenciones y un aumento en la tensión en el centro de La Paz, en medio de los esfuerzos gubernamentales por mantener el diálogo y recuperar apoyos sociales en este conflicto.
Los momentos más críticos ocurrieron cuando grupos de manifestantes, en su mayoría mineros, intentaron forzar su ingreso a la Plaza Murillo, utilizando explosivos artesanales, lo que provocó enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Los policías afectados fueron trasladados de urgencia al Hospital Obrero para recibir atención médica.
La respuesta policial se intensificó alrededor de las 10:45, luego de que los manifestantes intentaran romper los cordones de seguridad establecidos en el área central de la ciudad. Miembros de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) emplearon agentes químicos para dispersar a los protestantes tras una serie de detonaciones que mantuvieron la zona en un estado de alta tensión durante aproximadamente 25 minutos, hasta que los grupos fueron replegados hacia la avenida Mariscal Santa Cruz.
En paralelo, cinco mineros fueron detenidos bajo sospecha de manipulación de explosivos, mientras que organizaciones defensoras de derechos humanos reportaron al menos ocho arrestos durante la jornada. La Defensoría del Pueblo y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos realizaron visitas a los recintos policiales para supervisar la situación de los detenidos.
Posteriormente, el Gobierno y la dirigencia de la COB se reunieron en la Casa Grande del Pueblo. El secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, confirmó la continuidad del diálogo, aunque indicó que no hubo avances respecto a la demanda principal del sector sindical: la abrogación del Decreto Supremo 5503.
El dirigente sindical señaló que el Ejecutivo manifestó no tener intención de derogar la norma, una postura que será evaluada por las bases en un ampliado nacional que se convocará en las próximas horas.
Durante el encuentro, el presidente expuso de manera detallada el contenido del decreto y los beneficios que este representa para diversos sectores laborales y productivos. Asimismo, reafirmó su compromiso con un gobierno basado en el diálogo, la explicación y la escucha, enfatizando que las decisiones estatales se fortalecen mediante la transparencia, la información clara y la participación social.
Antes de este diálogo, la ministra Paz Pereira sostuvo encuentros con la Central Obrera Regional (COR) y la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), sectores que optaron por el diálogo y acordaron establecer mesas de trabajo, una agenda concreta y una comisión permanente. Estos acercamientos contribuyeron a disminuir tensiones con actores clave, mientras la disputa con la COB continúa abierta.
En este contexto, el Ministerio Público también intervino. El fiscal general, Róger Mariaca, confirmó la detención de un minero acusado de financiar actividades ilícitas durante las protestas. La Fiscalía investiga el origen y destino de los recursos incautados, así como a los posibles beneficiarios de estos fondos.
Desde la promulgación del Decreto Supremo 5503, el Ejecutivo ha logrado acuerdos con diversos sectores, incluyendo transportistas, gremiales, vecinos de El Alto, microempresarios, y más recientemente con la COR y los cooperativistas mineros.
Con las calles aún tensionadas, el diálogo abierto pero sin un acuerdo definitivo, y la COB a la espera de una decisión orgánica, el conflicto entra en una etapa crucial donde la interacción entre la presión social y la capacidad negociadora del Estado definirá el desarrollo de las movilizaciones
