Edmand Lara Montaño, quien ocupa el cargo de vicepresidente del Estado y preside la Asamblea Legislativa, ha adoptado una postura crítica y se ha declarado abiertamente en oposición al gobierno encabezado por el presidente Rodrigo Paz, con mandato hasta 2025. Esta situación se agrava tras sus recientes cuestionamientos hacia senadores y diputados, integrantes de la misma Asamblea que lidera, especialmente en relación con la aprobación de créditos internacionales.
Desde su cuenta personal en TikTok, Lara ha reiterado sus denuncias, utilizando un lenguaje fuerte para referirse tanto al presidente Rodrigo Paz como a ministros y legisladores, a quienes ha acusado de presuntos actos de corrupción. Estas declaraciones han provocado una reacción de rechazo generalizada en el ámbito parlamentario, al punto que los presidentes de ambas cámaras, miembros de la misma agrupación política que llevó a Lara al poder, le exigieron una retractación bajo la amenaza de emprender acciones legales.
Lara, quien fue dado de baja definitiva de la Policía el 1 de agosto de 2024, se ha convertido en un foco de atención política no tanto por sus funciones oficiales, sino por el contenido polémico que difunde en redes sociales. En una transmisión en vivo por TikTok, lanzó duras críticas hacia el presidente y su equipo, afirmando que los asesores y ministros son incompetentes. Además, denunció que no es convocado a las reuniones de gabinete ni recibió información sobre la aprobación del Decreto Supremo 5503.
En sus intervenciones públicas, Lara también atacó a los legisladores, calificándolos de corruptos y señalando que aprobaron los créditos internacionales a cambio de beneficios en instituciones como la Aduana, Impuestos y el Servicio General de Identificación Personal (Segip). Finalmente, se declaró abiertamente opositor al gobierno y desafió a los parlamentarios que le exigieron retractarse.
El desencadenante de esta crisis fue la negativa de la Asamblea Legislativa a aprobar una resolución que rechazara el Decreto Supremo 5503, que elimina la subvención a la gasolina y el diésel. Asimismo, Lara sufrió un revés con la aprobación de los créditos internacionales que él había anunciado que no serían respaldados por el Parlamento.
A esta controversia se suma una denuncia formulada por Jaime Soliz, exfiscal de distrito y exdirector general de Planificación de la Vicepresidencia, quien renunció recientemente y afirmó que Lara recibió regalos de mineros chinos implicados en el tráfico de oro boliviano. Según Soliz, estos obsequios, que incluían juguetes, fueron distribuidos por Lara y su esposa, la diputada Diana Romero, a menores de edad en un evento navideño en Santa Cruz.
Soliz también señaló que advirtió a Lara sobre la ilegalidad de aceptar tales dádivas, pero sus consejos fueron ignorados. Además, manifestó preocupación por el estado emocional del vicepresidente, sugiriendo que necesita atención psicológica o psiquiátrica, recomendación que Lara habría rechazado. El exfuncionario describió conductas erráticas y afirmó que Lara estaría coordinando con organizaciones campesinas para intentar derrocar al presidente Paz y asumir su cargo antes de que finalice el año.
Según Soliz, Lara ha intentado boicotear el Decreto 5503 con el apoyo de movimientos sociales, pero sin éxito. La situación refleja una creciente tensión interna dentro del oficialismo, evidenciada también en las recientes disputas durante la elección de vocales para el Órgano Electoral, lo que anticipa un escenario político complejo antes del receso legislativo
