Los líderes de la Central Obrera Boliviana (COB) reconocieron que las protestas que exigen la abrogación del Decreto Supremo 5503 no cuentan con el apoyo de los mineros cooperativistas ni del sector de transporte, evidenciando una división entre los principales actores sociales del país. Desde la dirigencia sindical se acusó a estos grupos de priorizar sus propios intereses y de beneficiarse de recursos estatales.
Félix Nina, representante de la COB en La Paz, indicó que en las movilizaciones actuales no participan ni el sector cooperativista ni el transporte, sectores que históricamente han defendido sus intereses particulares y se han favorecido con fondos públicos y las riquezas nacionales. Estas declaraciones fueron realizadas durante un acto frente a la organización de mineros asalariados en el Prado paceño, donde desde la mañana un reducido grupo de maestros y mineros mantiene bloqueado un carril de la vía principal, a la espera de nuevas instrucciones de sus dirigentes.
Nina también mencionó que la dirigencia sindical está en proceso de renovación luego de un período en el que figuras como Juan Carlos Huarachi, actualmente detenido en el penal de San Pedro, apoyaron a los gobiernos anteriores, a quienes responsabilizan por la crisis económica actual. Según el dirigente, las movilizaciones buscan proteger los recursos naturales y las empresas estratégicas del país. Además, calificó como una estrategia gubernamental la declaración de feriado para el 26 de diciembre, medida que, en su opinión, busca desgastar a los manifestantes.
En La Paz, las protestas continúan por cuarto día consecutivo, siendo esta la única ciudad donde maestros trotskistas y mineros asalariados mantienen bloqueos durante el feriado navideño. En contraste, en otras regiones como Oruro, Cochabamba, Santa Cruz y Beni, los bloqueos fueron levantados.
Por otro lado, el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, afirmó en días previos que no habría diálogo con el Ejecutivo mientras no se anule el decreto cuestionado. Sin embargo, anunció su disposición a participar en una convocatoria presidencial en la Casa Grande del Pueblo, aunque finalmente la reunión no se concretó y se ratificó la continuidad de las movilizaciones y el cerco a la plaza Murillo.
Mientras tanto, desde el viernes pasado, el Gobierno ha mantenido negociaciones con transportistas y mineros cooperativistas en torno al incremento del precio del combustible. Como resultado, varios sindicatos del transporte urbano han logrado acordar nuevas tarifas y reanudaron sus servicios con normalidad
