El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ha emitido una resolución que marca un hito en la regulación del ejercicio profesional de la abogacía en el país, al devolver provisionalmente a los colegios de abogados departamentales y a su organismo nacional, el Colegio Nacional de Abogados (Conalab), la potestad para registrar y matricular a los profesionales del derecho. Esta decisión implica un cambio significativo en la administración del Registro Público de la Abogacía, que hasta ahora había estado bajo la supervisión directa del Gobierno central a través del Ministerio de Justicia.
La medida se adoptó tras admitir una acción de inconstitucionalidad abstracta (AIA) presentada por el exdiputado José Carlos Gutiérrez, quien cuestionó varios artículos de la Ley 387 del “Ejercicio de la Abogacía” y normas conexas, argumentando que vulneraban diversas disposiciones constitucionales relacionadas con la autonomía profesional y la organización gremial. El fallo del TCP, expresado en el Auto Constitucional 0634/2025, ordena la suspensión provisional de al menos quince artículos de dicha ley, así como de los decretos reglamentarios asociados, entre ellos el Decreto 1760 y los decretos 4690 y 4896.
Esta suspensión temporal no solo afecta al marco normativo sino también a las estructuras administrativas vinculadas a esta regulación. En consecuencia, se ha suspendido el funcionamiento del Registro Público de la Abogacía bajo administración estatal, lo que implica que los nuevos abogados ya no estarán obligados a registrarse ni a matricularse ante el Gobierno central. En cambio, esta responsabilidad vuelve a recaer en los colegios departamentales y en Conalab, devolviéndoles así un grado importante de autonomía para supervisar el ejercicio profesional en sus jurisdicciones.
Además, con esta resolución quedan sin efecto provisional los tribunales éticos que dependían del Ministerio de Justicia y cuyos miembros eran designados por esa cartera. Esto representa un retorno a un modelo en el que los órganos gremiales autónomos tienen mayor control sobre las reglas internas y procesos disciplinarios relacionados con sus miembros.
El contexto político y jurídico que rodea esta decisión es relevante para entender su alcance. La Ley 387 fue promulgada en 2013 durante el gobierno del entonces presidente Evo Morales con el propósito explícito de regular el ejercicio profesional desde una perspectiva centralizada bajo el Ministerio de Justicia. Esta norma otorgaba amplias facultades al Ejecutivo para controlar desde la matriculación hasta la supervisión ética de los abogados. Sin embargo, desde su implementación surgieron críticas dentro del gremio legal sobre una posible intromisión política que limitaba la independencia institucional.
Este debate se intensificó tras el cierre del Ministerio de Justicia dispuesto en noviembre de 2025 por el presidente Rodrigo Paz con el argumento oficial de evitar “injerencia política en la justicia”. Posteriormente, algunas funciones fueron absorbidas por otras instancias gubernamentales como el Ministerio de la Presidencia. En este contexto se designó también a Érika Rojas como directora del Sistema de Acceso a la Justicia y Registro Público de la Abogacía (SAJ-RPA), entidad encargada hasta ahora del registro estatal.
La reacción dentro del ámbito jurídico ha sido mayoritariamente favorable hacia esta resolución cautelar. Expertos constitucionalistas y exmagistrados han valorado positivamente que se restituya la institucionalidad y autonomía gremial, aspectos esenciales para garantizar un ejercicio profesional libre e independiente. Según estos análisis, devolver las atribuciones a los colegios departamentales fortalece no solo su capacidad organizativa sino también su papel histórico como entidades defensoras tanto del derecho como de valores democráticos frente al poder político.
El abogado y exmagistrado Marco Antonio Baldivieso recordó que este tipo de conflictos no son nuevos: ya en 2009 existió un intento similar mediante un decreto presidencial para centralizar el registro público bajo el Ministerio de Justicia, situación que fue revertida tras una acción legal promovida por Conalab. La ley promulgada cuatro años después intentó consolidar dicha centralización pero encontró resistencias persistentes dentro del gremio debido al riesgo percibido sobre su independencia.
Por su parte, José Carlos Gutiérrez manifestó su satisfacción por esta admisión inicial al proceso judicial e instó al TCP a resolver definitivamente sobre el fondo para consolidar plenamente las competencias devolvidas a los colegios departamentales. Además enfatizó en la necesidad urgente de modernizar los sistemas actuales mediante herramientas digitales como la ciudadanía digital para mejorar la transparencia e identificación precisa de cada profesional registrado, lo cual contribuiría a elevar los estándares éticos y técnicos en beneficio directo de quienes reciben servicios legales.
Gutiérrez también abogó por impulsar desde los propios colegios una nueva legislación más robusta que fortalezca aún más su institucionalidad y garantice claramente su independencia frente al poder político. Este reclamo refleja una visión compartida por diversos actores jurídicos sobre cómo debe evolucionar el marco normativo para adecuarse tanto a las demandas contemporáneas como a preservar principios fundamentales propios del ejercicio profesional autónomo.
En suma, mientras continúa el análisis profundo sobre el fondo jurídico planteado ante el TCP, esta medida cautelar representa un momento clave dentro del prolongado debate acerca del control estatal versus autonomía gremial en materia profesional jurídica. La restitución provisional otorgada abre un espacio para reconstruir instituciones colegiadas más independientes y fortalecer así las garantías democráticas vinculadas al acceso justo y transparente a servicios legales por parte de toda la ciudadanía
