El Gobierno de Bolivia ha hecho público este martes el Presupuesto General del Estado Reformulado (PGE) para el año 2026, el cual anticipa un déficit fiscal del 9 % y una inflación del 14 %. Esta proyección se presenta como parte de un escenario realista en medio de una crisis económica que ha continuado afectando al país desde inicios de 2023, marcada por una persistente escasez de divisas.
El presupuesto, originalmente establecido por la administración de Luis Arce (2020-2025) antes de su salida en noviembre del año pasado, fue revisado y reestructurado por el nuevo Ejecutivo liderado por Rodrigo Paz. Este documento será sometido a consideración del Legislativo a partir de este miércoles.
El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, destacó que la evaluación inicial del déficit fiscal podría haber alcanzado cifras superiores al 15 % del producto interno bruto (PIB) si no se hubieran implementado bases sólidas y proyecciones claras en relación con la contabilidad llevada a cabo por el Gobierno anterior. Espinoza explicó que, entre las medidas tomadas para reducir el déficit en seis puntos porcentuales, se incluye la eliminación del subsidio a los combustibles que había estado vigente durante más de dos décadas. Esta eliminación está estimada en un impacto correspondiente al 5 % del PIB, además de una reducción significativa del gasto público, que se traduce en aproximadamente 4.100 millones de bolivianos (equivalentes a unos 585 millones de dólares), lo que representa cerca del 1 %.
El PGE reformulado asciende a más de 390.000 millones de bolivianos (alrededor de 55.714 millones de dólares). Espinoza señaló que la anterior ley contable presentaba ingresos sobrestimados y gastos subestimados, además de incluir inversión fantasma. En este contexto, mencionó un desfase superior a los 24.000 millones de bolivianos (3.428 millones de dólares) y otros 4.800 millones (685 millones de dólares) correspondientes a proyectos que no podían ejecutarse por diversas razones.
En cuanto a las proyecciones económicas, el ministro indicó que la inflación esperada para 2026 es del 14 %, una disminución respecto al 20 % registrado en 2025. Además, el PGE reformulado anticipa un crecimiento económico algo menor al 1 %, cifras que se establecen bajo la premisa del peor escenario posible, desde donde se pretende gestionar la economía nacional.
Estas estimaciones contrastan con los pronósticos del Fondo Monetario Internacional (FMI), que prevé una contracción económica del 3,3 % del PIB para ese mismo año, mientras que el Banco Mundial estima una caída del 3,2 %. No obstante, Espinoza subrayó que el Gobierno destinará más de 1.000 millones de bolivianos (142,8 millones de dólares) para crear nuevos ítems en áreas como salud, educación y seguridad.
Además del PGE reformulado, el ministro anunció que se presentará ante el Legislativo una norma destinada a otorgar mayor autonomía a los gobiernos regionales en la ejecución de sus presupuestos. También se incluirá otra disposición para permitir el cierre y liquidación de empresas públicas deficitarias.
La crisis económica en Bolivia ha sido evidente desde hace varios años y se intensificó a principios de este año con una notable falta de liquidez en dólares, coincidiendo con una caída significativa en las Reservas Internacionales Netas (RIN), las cuales se situaron en 3.148 millones de dólares frente al récord histórico alcanzado en 2014 con 15.122 millones.
Este mismo martes, el Instituto Nacional de Estadística (INE) reportó que durante el año pasado la economía boliviana experimentó una contracción acumulada del 1,58 %, lo que resalta aún más los desafíos económicos actuales enfrentados por el país.
