La violencia registrada en San Ignacio de Velasco, donde cuatro personas fueron asesinadas a tiros en menos de 48 horas, derivó en una respuesta coordinada entre el Gobierno, las Fuerzas Armadas, la Policía y autoridades locales, en medio de una creciente preocupación de la población por la escalada de hechos armados en el municipio fronterizo.
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, confirmó que desde ayer se desplazan militares y fuerzas especiales hacia la zona, en coordinación con el Comando General de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana. La medida fue asumida tras los pedidos de autoridades locales y departamentales, además del temor expresado por los habitantes de la región. Entre las unidades movilizadas estará la F10, especializada en misiones especiales, y los efectivos permanecerán en el lugar el tiempo que sea necesario, sin que exista una fecha definida para su retiro.
A la par, el Ejecutivo anunció una coordinación directa con el Ministerio de Gobierno para reforzar la presencia policial en la región. Esa cartera instruyó al Comando General de la Policía a obtener resultados inmediatos y adelantó que buscará cooperación con la Policía Federal de Brasil, en un intento por contener la violencia que ha puesto en alerta a toda la zona.
La decisión estatal se produce luego de una seguidilla de ataques armados que estremecieron al municipio. Dos hombres fueron asesinados durante la madrugada del domingo, con una diferencia aproximada de 15 minutos entre ambos hechos, mientras que otros dos fueron acribillados la noche del lunes dentro de un inmueble del barrio San Martín. En total, cuatro personas perdieron la vida en menos de 48 horas. La Policía y la Fiscalía mantienen abiertas las investigaciones para establecer las circunstancias de cada ataque, identificar a los autores y determinar si existe relación entre los hechos.
La alarma creció también por la forma en que ocurrieron los crímenes y por la aparición de grafitis en muros que, de manera preliminar, fueron vinculados con organizaciones criminales brasileñas como el Comando Vermelho y el PCC. Sin embargo, las autoridades aclararon que las investigaciones aún deben determinar responsabilidades y confirmar cualquier conexión.
Desde Santa Cruz, la Asamblea Legislativa Departamental expresó su preocupación por el avance de la violencia y el sicariato. El asambleísta Luis Ernesto Ruiz advirtió que el problema ya no puede ser entendido como un asunto exclusivo de San Ignacio y pidió fortalecer el trabajo de inteligencia, la investigación criminal, el control fronterizo y el patrullaje, además de respaldar la participación de las Fuerzas Armadas dentro del marco constitucional.
En la misma línea, la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz) demandó una respuesta inmediata. Su presidente, Neptaly Mendoza, afirmó que si la Policía fue rebasada, debe intervenir el componente militar que corresponda. La entidad también planteó un blindaje fronterizo, mayor inteligencia policial y militar, investigación de los responsables y acciones concretas para evitar que la Chiquitania sea utilizada como corredor del crimen organizado.
El alcalde de San Ignacio de Velasco, Felman Gómez Paesano, describió la situación como un estado de indefensión y reclamó mayor presencia del Estado. “Necesitamos la presencia del Estado en San Ignacio”, manifestó. Además, señaló debilidades en el control migratorio al indicar que Migración cuenta con solo dos funcionarios para atender un flujo importante de personas. Advirtió que, sin apoyo nacional, el municipio podría recurrir a Brasil para fortalecer el control fronterizo.
En este contexto, la Gobernación cruceña convocó para hoy miércoles a una reunión del Consejo Departamental de Seguridad Ciudadana, con la participación prevista de autoridades nacionales y regionales. El encuentro buscará definir nuevas medidas frente a la escalada de violencia y coordinar las acciones de la Policía, las Fuerzas Armadas y otras instituciones involucradas.
