La Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó la ampliación por 90 días del estado de excepción solicitado por el Ejecutivo, tras una sesión en la que 100 de los 158 asambleístas presentes respaldaron la medida. La votación fue suficiente para validar el decreto supremo, ya que bastaba con la mitad más uno de los legisladores para su aprobación.
La jornada legislativa comenzó con una puntualidad poco habitual. Apenas habían pasado unos minutos de las 16:00, hora prevista para el inicio, cuando el presidente de la ALP, Edmand Lara, pidió que se procediera al llamado de lista. Desde ese momento se abrió un debate que se extendió durante ocho horas, marcado por observaciones, cuestionamientos y cruces de argumentos en torno a la solicitud planteada por el Gobierno. En la testera, junto al vicepresidente del Estado, estuvieron los ministros de Defensa, Ernesto Justiniano, y de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, quienes respondieron a las consultas de los asambleístas.
En la primera parte de la sesión, ambos ministros expusieron un informe sobre lo ocurrido durante los 90 días que ya se habían cumplido bajo el estado de excepción. Justiniano sostuvo que el Gobierno decidió mantener la medida porque cuenta con información que apunta a la intención de sectores radicalizados de reactivar los bloqueos, como los registrados en mayo y junio de este año. Recordó que esas medidas de presión afectaron severamente a ciudades como El Alto y La Paz, debido a las dificultades para el ingreso de alimentos.
Oviedo, por su parte, detalló los efectos que dejaron los bloqueos. Habló de 22 fallecidos y más de 70 heridos, además de la detención de casi 150 personas vinculadas a hechos de violencia relacionados con el cierre de carreteras. También señaló que la mayoría de esos detenidos recuperó su libertad por la falta de una acción judicial eficiente.
Con el paso de las horas, el debate fue tomando un tono cada vez más duro. Las interpelaciones a las autoridades ministeriales no se limitaron al alcance del estado de excepción, sino que derivaron en cuestionamientos más amplios sobre la gestión gubernamental. En varias oportunidades, Oviedo pidió reconducir la discusión para volver al tema central de la sesión.
Uno de los reclamos más reiterados se centró en la orden de detención vigente contra Evo Morales. Varios legisladores consultaron al ministro de Gobierno por qué esa disposición judicial aún no se había cumplido. Para los asambleístas que plantearon la observación, Morales es el principal instigador de los bloqueos que perjudican al país. Oviedo respondió de forma categórica que “vamos a cumplir esa orden”. Sin embargo, en medio del intercambio de palabras con los legisladores, también protagonizó un cruce con Edmand Lara sobre la conducción del debate.
Desde la bancada de Libre surgieron críticas a la ampliación del estado de excepción, al considerar que la medida podría retrasar una reforma constitucional impulsada por esa alianza política. En ese contexto, el diputado Carlos Alarcón propuso reducir el plazo de la medida a 60 días, con el fin de dar tiempo al trámite legislativo de la reforma. No obstante, la propuesta fue rechazada, bajo el argumento de que el decreto supremo enviado por el Ejecutivo establecía 90 días y que no correspondía al Legislativo modificar ese contenido.
Al cierre de la sesión, la diputada Lissa Claros, también de Libre, lamentó que no se haya aceptado la alternativa de recortar el tiempo del estado de excepción, al considerar que ello truncaba “la ruta crítica” orientada a viabilizar las reformas constitucionales. Explicó además que la postura de su bancada fue de abstención, “porque no podíamos oponernos al estado de excepción”.
