La Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó esta madrugada la ampliación del estado de excepción vigente desde el 20 de junio, en una sesión marcada por la defensa que hizo el Gobierno de la continuidad de la medida ante lo que considera nuevos focos de conflictividad, posibles bloqueos y riesgos para el abastecimiento y la economía nacional.
La jornada comenzó con 115 legisladores presentes, entre ellos 25 senadores y 90 diputados, quienes respondieron al llamado de lista. El presidente de la ALP, Edmand Lara, informó que había invitado al presidente Rodrigo Paz a explicar las razones de la ampliación, aunque el mandatario delegó esa tarea en los ministros de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, y de Defensa, Ernesto Justiniano.
Oviedo sostuvo la solicitud de prórroga sobre la base de 12 informes técnicos: ocho elaborados por la Policía, dos por el Ministerio de Gobierno, uno por las Fuerzas Armadas y otro por Defensa. Según explicó, esos reportes identifican amenazas públicas, bloqueos focalizados, indicios de criminalidad organizada y limitaciones logísticas para responder a conflictos simultáneos.
Durante su intervención, el ministro advirtió sobre el riesgo de nuevas marchas y bloqueos que podrían comprometer corredores de combustible, alimentos, medicamentos y oxígeno. También citó el informe de la OEA del 3 de septiembre sobre los efectos de los bloqueos violentos en el orden democrático.
Oviedo detalló además que, durante la vigencia del actual estado de excepción, se realizaron 12.910 operativos, con 109.331 efectivos policiales movilizados, 26.917 militares en apoyo complementario, 22.267 medios logísticos y 151 desbloqueos. Añadió que se incautaron Bs 8 millones que, de acuerdo con la versión oficial, estaban destinados a financiar bloqueos. Asimismo, indicó que en las dos semanas previas al 10 de septiembre se registraron siete puntos de bloqueo.
El ministro también recordó el saldo de los 53 días de bloqueos entre mayo y junio, que —según el IBCE— dejaron $us 3.000 millones en pérdidas, además de 123 heridos, 22 fallecidos, 56 policías lesionados, más de 5.000 transportistas afectados y dificultades para acceder a alimentos, medicina, oxígeno y otros servicios.
Por su parte, Ernesto Justiniano reconoció que “Bolivia hoy está más tranquila que hace tres meses”, aunque afirmó que las causas de la conflictividad no desaparecieron. Señaló que los bloqueos en la Red Vial Fundamental pasaron de 39 puntos el 20 de junio a 35 y luego a cero al 23, y aclaró que esa reducción no puede atribuirse únicamente al estado de excepción, ya que también influyó el diálogo.
El ministro de Defensa afirmó que durante la medida reaparecieron bloqueos en Puente San Pablo, San Julián, Yapacaní, Los Troncos y Cuatro Cañadas. Según expuso, el riesgo es muy alto en Santa Cruz, alto en La Paz-El Alto y Cochabamba, y medio-alto en Beni, Oruro-Potosí y Chuquisaca-Tarija, por lo que planteó una aplicación proporcional y revisada de la medida según el nivel de amenaza.
La sesión se tensó cuando la diputada Lissa Claros preguntó sobre una eventual aprehensión de Evo Morales y exigió una respuesta de “sí o no”. La consulta provocó la reacción de Oviedo, mientras Lara frenó el debate, pidió respeto y recordó la diferencia entre una autoridad electa y un funcionario designado.
Tras las exposiciones, el debate y la intervención de las bancadas, la ALP aprobó finalmente la ampliación del estado de excepción por 90 días. Con ello, la medida seguirá vigente mientras el Gobierno insiste en que persisten riesgos capaces de reactivar los conflictos y afectar la circulación, el abastecimiento y la actividad económica.
