El viceministro de Transparencia, Yamil García, denunció este miércoles un nuevo caso de presunta corrupción en la empresa pública Yacana, creada por decreto en 2014 y con planta industrial en el municipio de Laja, en el departamento de La Paz.
En una conferencia de prensa, la autoridad afirmó que se identificó un daño económico superior a los 200 millones de bolivianos en recursos públicos, a partir de una serie de irregularidades detectadas en la ejecución y funcionamiento de la empresa.
García explicó que Yacana fue constituida mediante un contrato de “llave en mano”, modalidad que, según dijo, no permite incrementos en el monto acordado, sino únicamente ampliaciones de plazo. Sin embargo, señaló que el desembolso final llegó a Bs 226 millones, pese a que el contrato original era por Bs 224 millones.
Entre las observaciones expuestas por el viceministro también figura que la maquinaria debía ser 100% europea, pero que el 86% resultó ser de fabricación china. A ello se suma, de acuerdo con su versión, que parte de los equipos entregados estaban destinados a procesar fibra de pelo corto de camello y no de llama, como correspondía al objetivo de la planta.
La autoridad indicó además que debían entregarse 116 máquinas en total, aunque en la inspección realizada solo se encontraron 90. “26 máquinas recibidas y pagadas no existen. Es más, de las 90 que sí existen, 20 jamás funcionaron”, lamentó.
García agregó que la planta operaba apenas al 7% de su capacidad y que más del 90% se encontraba en estado de ociosidad. También mencionó que en 2018 se realizó una compra masiva de vellones de fibra por más de Bs 4 millones, pese a que la empresa no contaba con suficiente capacidad de almacenaje. Según dijo, esa adquisición terminó generando pérdidas por humedad excesiva, hongos, polvo y polillas.
A juicio del viceministro, estas irregularidades llevaron a que la empresa pública “ingrese en un colapso crónico”.
En paralelo, García informó que este miércoles se formalizó una denuncia ante el Ministerio Público contra cinco personas, entre ellas dos exgerentes generales y tres ingenieros. A los exfuncionarios se les atribuyen presuntos delitos de conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado e incumplimiento de deberes.
“Estamos solicitando que el Ministerio Público pueda activar todos los mecanismos procesales para asegurar la presencia de los imputados dentro de esta investigación, así como proceder con la anotación de sus bienes y cuentas para que el Estado pueda recuperar este daño económico”, puntualizó.
