La reubicación de 86.000 estudiantes en Venezuela tras el doble terremoto del pasado 24 de junio ha encendido alertas por el impacto que esta medida puede tener no solo en la dinámica escolar, sino también en la ya frágil infraestructura de servicios básicos de numerosos planteles. El Programa de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea) advirtió que el traslado masivo de alumnos hacia otras instituciones implica hacinamiento, implementación de doble turno y una mayor presión sobre servicios de agua, electricidad e internet en escuelas que, según señala, ya venían arrastrando fallas crónicas.
El ministro de Educación, Héctor Rodríguez, explicó que luego de los sismos que sacudieron la región centro-norte del país fue necesario activar un proceso de “rezonificación”, mediante el cual unos 86.031 estudiantes fueron trasladados desde sus centros originales hacia otros planteles que se encuentran en mejores condiciones para continuar el nuevo curso escolar que comenzó esta semana.
Rodríguez detalló que esta reorganización modifica de manera directa la rutina de miles de familias. “Esto genera algunos cambios: en vez de estudiar en mi comunidad, puede ser que tenga que estudiar en la de al lado; o si estudiaba en la mañana, tenga que estudiar en la tarde, porque para mover esa matrícula a otra escuela que esté llena, se implementa el doble turno”, explicó.
Para Provea, el término “rezonificar” no debe leerse como una simple medida administrativa, sino como una acción compleja con “severos riesgos pedagógicos y logísticos”. La organización recordó además que, de acuerdo con HUM Venezuela, una plataforma integrada por organizaciones de la sociedad civil, para 2025 el 65% de los planteles presentaba fallas físicas y el 75% carecía de agua constante.
A partir del análisis del profesor Tulio Ramírez, director del Doctorado en Educación de la Universidad Católica Andrés Bello, Provea advierte que las escuelas receptoras, diseñadas para un aforo específico, enfrentan ahora un escenario de hacinamiento que obliga a recurrir al doble turno. A ello se suma que buena parte de los alumnos y docentes reubicados no vive en las cercanías de las nuevas instituciones asignadas, lo que introduce una carga adicional en términos de transporte, tiempo de traslado y gasto económico.
En ese contexto, la reorganización escolar derivada de los sismos no solo busca garantizar la continuidad de las clases, sino también evidenciar las tensiones que atraviesa el sistema educativo venezolano, especialmente cuando una emergencia obliga a redistribuir una matrícula tan amplia en planteles que ya operaban con limitaciones estructurales.
