El vicepresidente Edmand Lara convocó a una sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional para el lunes 5 de octubre, a las 15:00, con el propósito de analizar la documentación e informes vinculados al veto de Estados Unidos contra 13 ciudadanos bolivianos, entre ellos el fiscal general del Estado, Roger Mariaca.
La convocatoria se da en respuesta a una solicitud presentada por los presidentes de las cámaras de Diputados y Senadores, Roberto Castro y Diego Ávila, quienes pidieron que el caso sea tratado en el ámbito legislativo mientras se esclarecen los señalamientos. De acuerdo con la información difundida, en la sesión también podría evaluarse la conformación de una Comisión de Investigación Parlamentaria.
El tema llegó a la agenda legislativa luego de que el Departamento de Estado estadounidense anunciara restricciones de visado contra ciudadanos latinoamericanos presuntamente vinculados con corrupción y narcotráfico. En esa lista figuran fiscales, jueces, exautoridades y, de acuerdo con lo informado, el fiscal general Roger Mariaca.
Lara sostuvo que el tratamiento del caso debe desarrollarse con finalidad informativa y fiscalizadora, pero también con respeto al debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, la independencia de los órganos del Estado y la autonomía del Ministerio Público. En esa línea, remarcó que una medida migratoria adoptada por un Estado extranjero no equivale, por sí sola, a una determinación de responsabilidad penal en Bolivia.
Antes de la sesión, el vicepresidente informó que se enviaron solicitudes de información a la Fiscalía General del Estado, la Contraloría General, la Policía Boliviana y otras instituciones para reunir documentación que permita sustentar el debate. Según explicó, esos antecedentes serán determinantes para el tratamiento legislativo. “Es importante que esa información llegue porque precisamente de eso se va a tratar en esa sesión. Si no tenemos los antecedentes, ¿de qué vamos a hablar?”, afirmó.
Lara también señaló que se cursaron notas, a través de Cancillería, al Departamento de Estado para que remita los antecedentes no solo de Mariaca, sino de todas las autoridades incluidas en la lista. En relación con el fiscal general, recordó además el procedimiento que, según dijo, corresponde cuando una autoridad de ese rango es objeto de un proceso: primero pasa por la Comisión de Justicia Plural y Defensa Legal del Estado en la Cámara de Diputados, luego por el Senado, donde se conforma un Tribunal de Sentencia para llevar adelante el juicio de responsabilidades.
El caso generó atención luego de que se conocieran las restricciones de visado anunciadas por Washington, en el marco de una política dirigida contra personas presuntamente vinculadas con corrupción, narcotráfico o acciones que socaven gobiernos democráticamente elegidos. En el caso de Mariaca, Estados Unidos afirmó públicamente que habría abusado de sus cargos al “solicitar y aceptar sobornos” para facilitar el narcotráfico, según la información citada por El Deber.
