El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Tarija comenzó la socialización de propuestas orientadas a modificar tres normas que regulan el sistema electoral boliviano: las leyes 018 del Órgano Electoral Plurinacional, 026 del Régimen Electoral y 1096 de Organizaciones Políticas. La iniciativa se desarrolla como parte de un proceso impulsado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para recoger observaciones de instituciones, organizaciones políticas y sectores sociales antes de consolidar un proyecto de reforma que será elevado a las instancias nacionales correspondientes.
La etapa de revisión se enmarca en un cronograma nacional que prevé encuentros en los nueve departamentos entre septiembre, octubre y noviembre. En el caso de Tarija, el encuentro departamental está fijado para el 22 de octubre, aunque el TED ya viene realizando actividades preparatorias y reuniones con distintos sectores.
Uno de los puntos centrales del debate está relacionado con la inscripción, inhabilitación y sustitución de candidaturas. Las autoridades electorales buscan ajustar los plazos para evitar dificultades cuando se produzcan cambios en las listas cerca de una jornada electoral, con el objetivo de dar mayor previsibilidad tanto a las organizaciones políticas como a los candidatos y a los electores.
La discusión también incluye el tema de la paridad y la alternancia. La propuesta apunta a reforzar el cumplimiento efectivo de estas disposiciones y a revisar los mecanismos de sustitución de candidatas, con la intención de impedir que la composición de las listas se altere después de manera que afecte la representación equilibrada de mujeres y hombres.
Otro eje de análisis está vinculado con la campaña electoral y el uso de plataformas digitales. El crecimiento de las redes sociales ha abierto un escenario que, según las autoridades electorales, requiere reglas más precisas sobre propaganda, monitoreo y fiscalización. En ese marco, se estudia la posibilidad de establecer mecanismos para controlar la propaganda difundida por medios digitales, además de abordar situaciones asociadas con acoso, violencia política y discursos de odio en redes sociales. Aunque la normativa vigente ya contempla disposiciones sobre propaganda y campaña, la reforma busca adecuarlas a las nuevas formas de comunicación política. El Órgano Electoral, además, ya cuenta con reglamentos específicos para la propaganda electoral en medios tradicionales y digitales.
La fiscalización de los recursos de las organizaciones políticas también forma parte de la revisión. La Ley 1096 establece reglas sobre el funcionamiento partidario, el manejo económico y financiero, así como la rendición de cuentas, por lo que las modificaciones en estudio apuntan a fortalecer los mecanismos de control y transparencia.
En el debate nacional también apareció la situación de los llamados «taxipartidos», organizaciones políticas que cobran protagonismo sobre todo en periodos electorales y luego reducen o pierden actividad. El TSE anunció que este tema será abordado mediante cambios en la normativa sobre organizaciones políticas, junto con aspectos como el transfugio y la otorgación de personerías jurídicas.
A ello se suma la revisión de la relación entre las decisiones judiciales y los procesos electorales. Una de las preocupaciones identificadas en el debate nacional está vinculada con la posibilidad de que resoluciones emitidas durante una elección alteren calendarios ya establecidos, por lo que se plantea precisar competencias y procedimientos que permitan preservar la continuidad de los comicios.
La socialización no se limita a Tarija. El TSE organizó encuentros departamentales para recoger propuestas de organizaciones políticas, sociedad civil, pueblos indígena originario campesinos, mujeres e instituciones. Una vez concluida esta fase, está previsto avanzar hacia mesas técnicas con representantes políticos y legislativos.
Según el cronograma difundido por el Órgano Electoral, los encuentros departamentales concluirán en Beni el 5 de noviembre. Después de esa etapa, se prevé consolidar las propuestas para su tratamiento legislativo. La normativa que resulte modificada deberá seguir el procedimiento correspondiente en la Asamblea Legislativa Plurinacional antes de una eventual promulgación.
En Tarija, el proceso abre así una discusión sobre las reglas que regirán futuras elecciones, con énfasis en la seguridad jurídica de las candidaturas, la participación política de las mujeres, la transparencia de las organizaciones, el control de los recursos y la adaptación de la legislación a un escenario electoral cada vez más marcado por las plataformas digitales.
