El Consejo de la Magistratura dispuso un levantamiento técnico y administrativo sobre los servidores judiciales bolivianos mencionados en la reciente decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos, que anunció restricciones de visa para 12 ciudadanos bolivianos y sus familias, entre ellos tres jueces.
La medida fue confirmada por el presidente de esa instancia, Carlos Spencer, quien explicó en conferencia de prensa que, en caso de verificarse irregularidades, se iniciarán los procesos correspondientes contra las autoridades que hubieran incumplido algún procedimiento administrativo dentro del órgano judicial. Según precisó, ya se impartió la instrucción a los representantes distritales de la Magistratura para avanzar con la revisión.
Entre los jueces señalados en la información difundida por el Gobierno estadounidense figura Albania Chane Caballero Saavedra, primera jueza investigadora Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres de Santa Cruz. De acuerdo con el reporte citado, habría dado luz verde para que el exjuez Hebert Zeballos, implicado en el caso “Maletas”, fuera beneficiado con detención domiciliaria dentro de un proceso por legitimación de ganancias ilícitas.
También aparece Rosario Ximena Flores Paniagua, jueza de Instrucción Penal de Santa Cruz, a quien la información atribuida al Departamento de Estado vincula con la firma del mandamiento de libertad de Zeballos en el mismo caso.
El tercer juez incluido es Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, del Primer Juzgado de Instrucción Penal de La Guardia. En su caso, la referencia hecha por Estados Unidos apunta a que estuvo encargado de controlar la detención preventiva de Misael Nallar por el triple asesinato de policías ocurrido en Porongo.
Spencer añadió que el objetivo de la revisión también es establecer, cuando corresponda, bajo qué condición administrativa habrían realizado eventuales viajes a Estados Unidos estos jueces, verificando si existieron vacaciones autorizadas, licencias, permisos u otra documentación que respalde su ausencia de funciones.
El titular del Consejo de la Magistratura remarcó además que el levantamiento será objetivo y deberá basarse en documentación oficial, sin adelantar responsabilidades. En ese sentido, diferenció las decisiones migratorias adoptadas por otro Estado de las eventuales responsabilidades administrativas o disciplinarias, las cuales —subrayó— solo pueden determinarse mediante los procedimientos correspondientes en Bolivia.
