El jefe de Libre, Jorge Tuto Quiroga, anunció este martes que legisladores de su bancada impulsan una acción orientada a promover un juicio de responsabilidades contra los expresidentes Evo Morales y Álvaro García Linera por el operativo policial ejecutado el 16 de abril de 2009 en el Hotel Las Américas, en Santa Cruz. Según explicó, la iniciativa será presentada esta semana ante el Ministerio Público y existe la posibilidad de que parlamentarios de otras fuerzas políticas se sumen al planteamiento.
“Vamos a firmar aquí varios parlamentarios. Si parlamentarios de otras tiendas políticas quieren hacerlo, lo hacemos para entregar esta semana”, afirmó Quiroga al referirse al trámite que pretende activar. El dirigente sostuvo además que el nuevo fiscal general interino, Gonzalo Urioste, debe poner en marcha las actuaciones necesarias para establecer responsabilidades en un caso que, remarcó, ya cuenta con una investigación avanzada en el sistema interamericano de derechos humanos.
La propuesta política surge en un momento en que el caso se encuentra en el sistema contencioso interamericano. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el Caso 13.546, Mario Francisco Tadic Astorga y otros vs. Bolivia, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 26 de julio de 2024. El expediente está vinculado con el operativo ejecutado por la Unidad Táctica de Resolución de Crisis (Utarc) en el Hotel Las Américas, que dejó tres muertos, entre ellos el ciudadano irlandés Michael Dwyer, y dos detenidos.
En su Informe de Fondo 394/21, la CIDH concluyó que la muerte de Dwyer era atribuible al Estado boliviano y que constituyó una privación arbitraria de la vida. El organismo señaló que no fue posible establecer con precisión las circunstancias del fallecimiento debido a la ausencia de una investigación adecuada, aunque dejó constancia de testimonios según los cuales Dwyer habría muerto después del operativo, cuando ya se encontraba bajo control de agentes estatales. Esa versión fue cuestionada por el Estado.
La Comisión también determinó que los actos cometidos contra Mario Tadic, Elöd Tóásó, Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza constituyeron tortura, además de establecer que sus detenciones fueron ilegales y arbitrarias y que se vulneraron garantías judiciales durante el proceso penal posterior.
La CIDH remitió el expediente a la Corte después de advertir que habían transcurrido dos años desde la notificación del Informe de Fondo a Bolivia sin avances concretos en el cumplimiento de sus recomendaciones. Entre ellas figura la realización de una investigación penal diligente y efectiva para esclarecer de manera completa los hechos, identificar todas las posibles responsabilidades e imponer las sanciones correspondientes.
Quiroga vinculó precisamente esa recomendación con la acción que busca activar en el país. Señaló que el Ministerio Público debe revisar los antecedentes, definir el procedimiento que corresponda y, en caso de que se trate de responsabilidades atribuibles a exmandatarios, remitir las actuaciones al tratamiento legislativo previsto por la Constitución.
“Este es más facilito. Tienen que verlo, si pasarlo a la Suprema y lo remiten al Congreso para que lo tratemos por dos tercios y que el señor Morales y García Linera respondan por el Hotel Las Américas”, manifestó, al referirse a una de las tareas que, a su juicio, deberá asumir Urioste durante su gestión interina.
