El Concejo Municipal de Tarija analiza dos propuestas que apuntan a aliviar presiones sobre la economía de las familias y, al mismo tiempo, facilitar la actividad de pequeños emprendedores. Una de ellas es el proyecto de Ley de Peso Justo, impulsado por la concejal Maritzabel Romero, que busca institucionalizar balanzas municipales de verificación en los centros de abasto para que los consumidores puedan comprobar la cantidad de productos que adquieren. La otra es la iniciativa de Ley de Licencia de Funcionamiento Cero, orientada a reducir barreras para la apertura y regularización de pequeños negocios.
La propuesta del Peso Justo pretende que la presencia de balanzas de uso público deje de depender de operativos puntuales de la administración municipal y pase a ser parte de una política permanente. La intención es que los compradores cuenten con un instrumento de verificación dentro de los propios mercados, especialmente al momento de adquirir productos de la canasta familiar, en un contexto en el que el costo de vida sigue siendo motivo de preocupación para las familias.
Según el planteamiento en tratamiento, la diferencia entre lo que el consumidor paga y lo que realmente recibe puede traducirse en un perjuicio directo, sobre todo cuando se trata de alimentos vendidos por peso. Por eso, el proyecto también contempla mecanismos de fiscalización y la posibilidad de aplicar sanciones en caso de comprobarse irregularidades. La idea es complementar el control municipal sobre precios y comercialización con una herramienta específica para verificar cantidades entregadas.
Actualmente, la Intendencia Municipal ya habilitó balanzas en algunos mercados y realiza controles sobre productos de la canasta familiar. Sin embargo, la propuesta legislativa busca dar continuidad y respaldo normativo a esas acciones, de modo que el servicio no dependa de cambios administrativos ni de operativos aislados. En ese marco, aún deberá definirse cómo serán los equipos, dónde se ubicarán, quién se encargará de su mantenimiento y calibración, y cuál será la dependencia responsable de garantizar su funcionamiento.
También deberá establecerse el procedimiento para que los ciudadanos soliciten una verificación cuando consideren que existe una diferencia entre el peso pagado y el recibido. La iniciativa, en ese sentido, apunta a convertir una práctica de control en una obligación institucional con cobertura en los mercados municipales.
En paralelo, Romero impulsa el proyecto de Ley de Licencia de Funcionamiento Cero, una propuesta vinculada con la actividad económica y enfocada en los pequeños emprendimientos. El objetivo es facilitar el acceso a la licencia municipal sin costo durante el periodo previsto en la norma, tanto para quienes desean iniciar un negocio como para quienes ya tienen un emprendimiento y necesitan regularizarlo.
La intención es reducir el gasto inicial que enfrentan quienes buscan incorporarse al ámbito formal y, de esa manera, favorecer que más actividades económicas puedan desarrollarse dentro del registro municipal. En un contexto de dificultades económicas, la eliminación temporal de ese desembolso permitiría destinar recursos a capital de trabajo, equipamiento o compra de insumos.
Este proyecto ya fue remitido a la Comisión Económica para su análisis y para la elaboración del informe correspondiente. Luego deberá continuar su trámite institucional, con la revisión de las áreas financiera y legal del Ejecutivo Municipal antes de una eventual aprobación.
Aunque responden a objetivos distintos, ambas iniciativas se inscriben en una agenda orientada a la economía cotidiana. Una pone el foco en la defensa del consumidor dentro de los mercados; la otra busca disminuir obstáculos para quienes sostienen o quieren iniciar una actividad económica. En ambos casos, el debate legislativo deberá definir si las medidas cuentan con el respaldo necesario para convertirse en normativa municipal.
